Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias están estudiando tanto el contenido como las posibles consecuencias de la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ordena la repetición del concurso de adjudicación de emisoras de radio realizado por el ejecutivo en 2010.
Hasta que ese análisis jurídico no concluya, no se tomará una decisión sobre un eventual recurso respecto a esta sentencia, informaron fuentes de la Viceconsejería de Comunicación del Gobierno autonómico.
La sentencia, adelantada ayer por la Cadena Ser, ordena la repetición de la baremación del concurso público convocado por ese departamento en 2010 para adjudicar 156 licencias de radio, al que se presentaron 642 ofertas.
El tribunal considera probado que hubo criterios y subcriterios que fueron improcedentes jurídicamente.
Eso generó una clara situación de indefensión, base del recurso presentado por parte de Radio Club Canarias S.A y sobre el que se pronuncia la sentencia.
Según el TSJC, en el concurso se concedió la máxima puntuación a solicitantes que ofrecían cumplir con los requerimientos técnicos en plazos inferiores a una semana, algo que según los peritos es imposible, lo que perjudicó a emisoras que ya estaban en funcionamiento.
Esas ofertas son temerarias, de acuerdo con la sentencia, y no se corresponden con un planteamiento objetivo aceptable.
El TSJC anula las tablas de valoración y retrotrae las actuaciones al momento de la baremación, además de condenar al pago de las costas al Gobierno de Canarias.
