"Las parcelas siete a la once del frente de playa estaban afectadas en unos 9.000 metros cuadrados por el dominio público costero, lo que afectaba a la valoración de las parcelas y si no se producía una modificación del Plan General, dichos terrenos quedaban inedificables, es decir, que se perdía la totalidad de la edificabilidad de esas parcelas" de Las Teresitas. Pero además, el suelo estaba clasificado como "urbano no consolidado", lo que obligaba a los propietarios de los mismos, es decir a la Junta de Compensación, a ceder al Ayuntamiento el 10% del aprovechamiento urbanístico, lo que, indudablemente, reducía el valor de las parcelas que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife terminó adquiriendo a Inversiones Las Teresitas (ILT) por 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros) en 2001.
Estas consideraciones fueron explicadas ayer por la exarquitecta municipal Pía Oramas a preguntas de la delegada provincial de la Fiscalía Anticorrupción, María Farnés Martínez-Frigola, durante la decimosexta sesión del juicio penal por el caso de Las Teresitas, en el que se dilucida la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, de los que serían responsables 13 personas, entre ellas el exalcalde capitalino Miguel Zerolo y el exedil de Urbanismo Manuel Parejo. Oramas sustentaba así el informe que hizo por encargo de Parejo, en el que valoró las 11 parcelas en unos 3.200 millones de pesetas (19,5 millones de euros), 33 menos que el precio que se estableció en la compraventa.
Oramas defendió que si no se modificaba el Plan General se perdería el 100% de la edificabilidad de esas parcelas, "sin que se pudiera admitir compensación o indemnización para los propietarios". Así, la técnico señaló varias razones que sostenían su criterio, entre ellas, que en la Constitución española, "el dominio público costero es del Estado" e hizo ver que si se admitiese en un futuro un cambio del deslinde de 1961 a través de "una desafectación del dominio público", en ese caso, "el aprovechamiento materializable sería del Estado".
Además, la arquitecta subrayó que los terrenos adquiridos por el municipio en 2001 supuestamente para evitar la construcción de hoteles, en realidad no se podía edificar, ya que, entre otras razones, hubiera sido necesario dotarlos accesos rodados, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales o suministro de energía eléctrica para los 9.000 habitantes previstos en el proyecto de la Junta de Compensación para la zona, en el que preveían nueve hoteles, dos centros comerciales y urbanizaciones residenciales.
