El PSOE en Canarias, a través de un comunicado sin firmar, se desmarca de las declaraciones de su secretario general, José Miguel Pérez, y niega cualquier negociación que conduzca a un pacto alternativo al existente entre socialistas y nacionalistas en el Ejecutivo regional.

En la nota, la formación reitera que mantendrá las negociaciones con Coalición Canaria (CC) hasta el próximo lunes, 31 de octubre. El objetivo, según este mismo comunicado que se envía en nombre de la dirección del PSOE sin especificar qué miembros han acortado ese criterio, es poder "solucionar los problemas habidos en el acuerdo para la gobernabilidad de Canarias en la novena legislatura".

Tanto la vicepresidenta del Ejecutivo regional, Patricia Hernández, como el portavoz socialista en el Parlamento de Canarias, desmintieron ayer que existieran contactos con el PP en las Islas, Asier Antona, para presentar una moción de censura con el objetivo de desalojar a los nacionalistas del Ejecutivo. Pérez, en cambio, aseguró que Hernández sí está "al corriente" de las conversaciones con el líder de los populares y otros partidos. "Estamos hablando todos con todos, la salida no la sé porque no hay seguro todavía", apuntó el secretario general. Asimismo, la secretaria del PP, Australia Navarro, reconoció ayer que su partido ha mantenido contactos con el PSOE al igual que con CC. "Estamos esperando a que se definan en uno u otro sentido", aseguró, porque el Archipiélago "no aguanta más intrigas".

No es la primera vez que los servicios de prensa del PSOE envían un comunicado de la formación sin firmar. Hasta en dos ocasiones anteriores a esta, el partido ha manifietado su posición en relación a la ley del suelo sin que se aclare quiénes la han adoptado. El 6 de agosto a las seis y media de la tarde, apenas dos días antes de que el Consejo de Gobierno aprobara el proyecto para su entrada en el Parlamento, la formación envió un comunicado en el que no figuraba ningún nombre para fijar su posición ante la ley del suelo. La nota sostenía que se trataba de una "declaración de la dirección de la Comisión Ejecutiva Regional del PSC-PSOE" y, sin embargo, este órgano no se había reunido.

Finalmente, la Ejecutiva Regional decide reunirse el 3 de septiembre para fijar su postura sobre la norma. Ese mismo día, a las diez y media de la noche, envían otro comunicado. En él, la formación defiende, entre otras cuestiones, que la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación la debe efectuar un órgano de la Comunidad Autónoma, tal y como recoge el pacto de Gobierno. La posición adoptada, sin embargo, no estuvo refrendada por la mayoría de los integrantes de la Ejecutiva.