La magistrada Margarita Varona le tomó ayer declaración como investigado al magistrado Salvador Alba en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, contra la Administración de Justicia, falsedad y revelación de secretos. Este último no estaba en el auto de imputación acordado por la instructora y, por tanto, parece una ampliación de los cargos, en este caso por flirtrar supuestamente informes reservados para perjudicar a la juez Victoria Rosell, según distintas fuentes conocedoras de la declaración.
Varona indaga si Alba preparó una declaración judicial con el empresario Miguel Ángel Ramírez para desprestigiar a la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, quien había obtenido una excedencia para concurrir a las elecciones con Podemos y resultó elegida diputada el pasado 20 de diciembre.
Alba sostuvo ante Varona que la reunión previa con Ramírez fue normal y a petición del empresario, esto es, en la línea de lo que se suele hacerse cuando un investigado solicita audiencia. Luego rechazó responder a las preguntas formuladas sobre el contenido de esa conversación, que fue grabada de forma subrepticia por el empresario y aportada casi dos meses después al juzgado con la finalidad de acreditar una supuesta conspiración contra Rosell.
La negativa del imputado a responder a las preguntas de Varona y del fiscal Vicente Garrido sobre el contenido de la grabación obedece a un estrategia procesal que está relacionada con la posible ilegalidad de esa prueba. El abogado del magistrado, Nicolás González-Cuéllar, ha impugnado la validez del audio al considerar que fue obtenido de manera ilícita por la Guardia Civil, esto es, sin que la instructora lo autorizara mediante un auto judicial y sin que Ramírez diera su consentimiento previo.
La defensa, además, cuestiona que ese archivo sonoro se corresponda con la grabación original, pues la Guardia Civil, al realizar la pericial sobre la veracidad del documento, lo encontró de casualidad en una carpeta de la grabadora supuestamente usada por el empresario para registrar la conversación con Alba, sin que exista la certeza de que se cumpliera la cadena de custodia. Varona, con el respaldo del fiscal, aplicó la doctrina del hallazgo casual y validó la prueba, que está recurrida por González-Cuéllar ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.
Alba fue interrogado durante más de dos horas. La instructora, al no poder profundizar en el contenido de la grabación, se centró en la posible prevaricación, que está relacionada con la citación de Ramírez para preguntarle por hechos ajenos a la investigación por fraude fiscal abierta contra el empresario, así como en el delito de falsedad, que está vinculado a los informes remitidos por Alba al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo (TS) por el retraso que acumulaba la causa abierta contra el dueño del Grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Ramírez era investigado por varios delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social en una de sus compañías, Seguridad Integral Canaria.
Varona quiere determinar si en esos informes se relatan hechos inciertos o basados en las revelaciones hechas por Ramírez en la declaración judicial y en la supuesta reunión preparatoria. El dictamen enviado al CGPJ fue elaborado por Alba a iniciativa propia, mientras que el remitido al Supremo fue a petición del Alto Tribunal, cuya Sala de lo Penal admitió un querella contra Rosell que se basa parcialmente en el informe del juez. De ahí el interés de la instructora en conocer las motivaciones del sustituto de la juez en el juzgado, máxima después de que Varona archivara recientemente la querella remitida por el TS contra la magistrada, la cual fue interpuesta por el abogado Eligio Hernández en nombre del exministro José Manuel Soria.
Ramírez declaró ante Alba el pasado 23 de marzo. Antes, el 16 de ese mes, se produjo la controvertida reunión preparatoria con el magistrado. En ella reveló relaciones comerciales con empresas vinculadas a la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa. Varona investiga si Alba se excedió al interrogar la empresario por hechos ajenos al proceso por fraude fiscal y si Ramírez desveló esa información para introducir una causa de nulidad en el procedimiento por su vínculo con la pareja de Rosell.
