Podemos comunicó ayer la expulsión definitiva de Juan Manuel Brito, vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria, tras desestimar su recurso, presentado a mitad de enero. No obstante, Brito rechazó devolver al partido su acta como consejero insular hasta que el conflicto se resuelva en los tribunales, una vía que ya anunció a finales del pasado año tras el acuerdo de sanción en primera instancia, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales.
El presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, tampoco adoptará ninguna decisión sobre Juan Manuel Brito hasta que se pronuncie la administración judicial. "No voy a actuar antes que la Justicia", subrayó ayer el presidente insular tras referirse a la vulneración de derechos denunciada por el ya exdirigente de Podemos, que por tanto se mantiene como vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana de la corporación insular.
Tampoco realizó "cábalas" Morales sobre las posibles repercusiones de la expulsión de Brito en el pacto firmado por Nueva Canarias (NC) y Partido Socialista (PSOE) con Podemos para gobernar el Cabildo, alianza también suscrita en el Ayuntamiento de la capital grancanaria. Igualmente, Brito insistió en aplazar cualquier movimiento político, como la posible ruptura de Sí Se Puede con Podemos, a una decisión colectiva en el seno de la formación ecosocialista donde también milita.
"No me sorprende en absoluto" la resolución de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal, admitió Brito, que se mostró "tranquilo" tras consumarse el pasado martes en Madrid el expediente disciplinario por la violación de los estatutos de Podemos y la comisión de dos infracciones muy graves (actuar en el ejercicio de cargos públicos en forma contraria a los principios morados y manipular a atentar contra la libre decisión de los afiliados o sus órganos de decisión). La expulsión del partido, contra la que no cabe recurso orgánico alguno, se adoptó con cinco votos a favor y dos abstenciones en el órgano presidido por Gloria Elizo.
Raquel Huerta y Marina Avia se abstuvieron al considerar que la Comisión de Garantías "no debería pronunciarse en pleno proceso de la Asamblea Ciudadana Estatal sobre esta cuestión de tanto calado u otras cuestiones de este tipo dado que podría interpretarse como una vulneración de los principios de neutralidad e independencia", según se incluye en la resolución. Casi 400 miembros de Podemos, una veintena de Canarias, ya suscribieron un manifiesto bajo el título Una Comisión de Garantías independiente y eficaz como "objetivo irrenunciable para Vistalegre 2", en referencia a la asamblea estatal morada prevista durante febrero en la homónima plaza de toros y pabellón multiusos de Madrid.
El órgano presidido por Elizo desestimó el recurso de Brito ya que las alegaciones presentadas "son básicamente las mismas que en su día presentó a la incoación del expediente". Tras la defensa del exdirigente grancanario, la sanción definitiva destacó que "es obvio que desconoce la importancia de los posicionamientos políticos de Podemos y la obligada sujeción a las decisiones de sus órganos políticos".
El expediente disciplinario se inició tras la denuncia suscrita por casi un centenar de miembros de Podemos en Canarias contra Brito por su "desafío constante" al partido, "desempeñar su acción política en el Cabildo de espaldas" a la fuerza morada "en provecho de otras formaciones políticas", en referencia a NC y PSOE. Además de firmar la carta, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de la capital grancanaria, Javier Doreste, alertó por entonces de "prácticas cercanas a la corrupción", lo que motivó la interposición de una querella por parte de Brito.
A mitad del pasado año, la Comisión de Garantías de Podemos absolvió a Juan Manuel Brito en un proceso anterior por presunto nepotismo, ya que la pretendida contratación de su actual pareja en el Cabildo nunca se concretó a causa de las denuncias públicas.
