Coalición Canaria abre la mano a que el órgano autonómico que crea la Ley del Suelo, sustituto de la Comisión de la Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), tenga la potestad de realizar la evaluación ambiental estratégica de los planes generales de los municipios de menos de 100.000 habitantes, mientras que los cabildos y los cuatro municipios más habitados tendrán autonomía para elaborar sus planes ambientales, aunque también pueden ceder esta competencia a la Comunidad Autónoma previo convenio.

Los nacionalistas amplían la redacción del artículo de la Ley del Suelo que recoge la creación de este nuevo órgano, que deberá actuar "con criterios públicos, objetivos y reglados para garantizar su máximo rigor".

Esta modificación en la posición de CC con respecto al texto que entró en el Parlamento supondrá uno de los principales debates que se suscitarán en la ponencia parlamentaria que analizará las enmiendas y que se reunirá a partir de la próxima semana. El PP presentó un bloque de enmiendas en el que no entra a modificar sustancialmente el texto legislativo y, con respecto al órgano ambiental, precisa que sus informes deben tener como objetivo la máxima simplificación y agilidad en la tramitación del planeamiento.

En relación con sus competencias, los populares las limitan al informe preceptivo y vinculante sobre las cuestiones de carácter autonómico y únicamente en el caso de que detecte alguna infracción jurídica es cuando lo debe poner en conocimiento de la corporación local correspondiente, sin que en ningún caso haya criterios de oportunidad o conveniencia, sino solo de mera legalidad.

En la parte contraria se sitúa el PSOE, que dota al nuevo organimos regional de las máximas competencias para desarrollar los informes ambientales de todo tipo de planeamiento, es decir, planes insulares, planes generales de ordenación o cualquier otro instrumento que altere la ordenación estructural.

Los nacionalistas registraron ayer 114 enmiendas en la finalización del plazo, por encima del PP -87- y el PSOE- 73-, con un contenido no sólo técnico sino también de fondo que modifica algunos de los aspectos contenidos en el texto que entró en el Parlamento. Junto a la determinación de más competencias al nuevo órgano autonómico, los nacionalistas precisan también los usos complementarios en el suelo rústico. De esta forma, CC limita la nueva capacidad alojativa en los terrenos agrícolas a un máximo de 250 metros cuadrados y seis camas, a excepción de los establecimientos rurales, que tienen su propia legislación.

El PP no toca el contenido de la ley, que permite el uso turístico como actividad complemenatria a la agrícola. Sin embargo, el PSOE, tal y como adelantó en su momento, sólo admite el uso turístico en aquellas edificaciones preexistentes que sean rehabilitadas a tal efecto, sin que en ningún caso se permitan nuevas construcciones.

En relación con los proyectos de interés insular o autonómico, las enmiendas nacionalistas recogen que requerirán de un informe previo municipal a la declaración como tales si la iniciativa es privada y se acentúa su carácter extraordinario, aclarando que cuando se proyecten para usos turísticos éstos no pueden ser alojativos.

Por su parte, el grupo Podemos presentó un total de 147 enmiendas por las cuales la formación morada quiere impedir "que se eliminen instrumentos esenciales para el desarrollo territorial sostenible de las Islas como las directrices de ordenación general, evitando así que el sistema canario de ordenación se devalúe con la inclusión abusiva de nuevos instrumentos excepcionales de ordenación", agrega Podemos.