Personas sin hogar, víctimas del maltrato doméstico, en proceso de desahucio, que cuenten con las medidas de protección de las administraciones públicas o que no puedan acceder de forma temporal a ingresos que permitan la subsistencia de la economía familiar. Los ciudadanos que presenten estos perfiles podrán beneficiarse de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) tras la aprobación, por parte del Ejecutivo regional, del decreto que modifica el reglamento de la ley de los salarios sociales.
La portavoz y consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, subrayó ayer que la ampliación de la cobertura de estas ayudas constituye uno de los acuerdos "más importantes" de esta legislatura. La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, destacó, por su parte, que esta herramienta contará con 53,5 millones de euros, 8,5 millones más que el año pasado. "Es un crecimiento importante y creo que suficiente", sostuvo, "para abordar el previsible incremento de solicitudes". En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo del Gobierno, la consejera detalló que a lo largo de 2016 se beneficiaron 13.560 familias de esta prestación, que entonces se nutrió de 45 millones de euros de financiación.
Durante el tercer mes del año, la PCI alcanzó a 8.977 personas, de las que 575 fueron nuevas altas. Valido apuntó que quienes se acogen a la prestación tardan una media de entre 12 y 18 meses para encontrar un empleo, si bien en muchos casos se agotan los 24 meses que constituyen el plazo máximo para beneficiarse de la ayuda. La responsable de Empleo y Políticas Sociales indicó, a su vez, que entre el 50% y el 55% de quienes solicitan la PCI concluyen el itinerario sin posibilidad de insertarse en el mercado laboral.
El decreto también contiene cambios en la definición y requisitos que deben cumplir las unidades de convivencia que pueden acceder a las ayudas, al referirse ahora a cualquier tipo de "espacio habitacional". De este modo, quienes habiten en viviendas de acogidas, en pensiones o apartamentos por no disponer temporalmente de casa, o en viviendas particulares en las que varias personas en riesgo de exclusión social comparten el alquiler, podrán optar a los salarios sociales, cuya cuantía oscila entre los 500 y 570 euros en función de los casos. Con la nueva PCI, también pasan a contabilizarse dentro de la unidad familiar las personas tuteladas o en situación de acogimiento familiar.
El nuevo reglamento agilizará también el proceso de tramitación de la solicitud de la ayuda, ya que establece la gestión coordinada de los expedientes al crear un aplicativo informático común administrativo que mejorará la operatividad del sistema.
La percepción de la prestación está condicionada a la realización de programas de inserción, pero se harán excepciones con las personas con problemas de salud o discapacidad sensorial. En estos casos se estudiará la elaboración de itinerarios adaptados.
