La Intervención General del Estado ha dejado reducido a 50 millones de euros el incumplimiento de los criterios de la regla de gasto de la Comunidad Autónoma canaria en 2016. En un primer momento, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda había achacado a la Administración autonómica un desvío de 138 millones de euros, una cifra con la que no estaba de acuerdo la Consejería de Hacienda. Después de las negociaciones técnicas llevadas a cabo, finalmente la Intervención reduce esta cantidad a poco más de 50 millones de euros.

La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, explica que este cambio en la posición de la Intervención General se debe a que habían computado como gastos una partida referida al tratamiento de la Hepatitis C de 18 millones y los 69 millones destinados en 2016 a abonar la paga extra de los funcionarios que se eliminó en 2012. En total son 87,5 millones de euros que, según Dávila, nunca debieron incluirse por el Estado porque se trata de cantidades denominadas one off, es decir, las que sólo se realizan un año y que el Gobierno canario siempre mantuvo que debían quedar fuera de los gastos imputables a la regla de gasto.

El informe de la Intervención se recibió en la Comunidad Autónoma el lunes y ayer lo dio a conocer la titular de Hacienda en el pleno del Parlamento, a raíz de una comparecencia referente a la estabilidad presupuestaria y la aplicación de los criterios de la regla de gasto.

Dávila señaló que el Gobierno regional también discute algunas de las partidas de los 50 millones que restan pero se trata de una cantidad que no implica ningún tipo de medida añadida por parte del Ministerio de Hacienda. "Todas las comunidades autónomas nos hemos plantado porque no puede ser que incluyan los gastos de un solo año en la regla de gasto para imponer retenciones", señaló Dávila.

Interpretación

La titular de Hacienda reiteró que la interpretación de este concepto incluido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria sigue siendo confusa y resulta impredecible, por lo que espera que el grupo de trabajo creado a petición de Canarias para aclarar los criterios de la regla de gasto fructifiquen, para que tanto el Estado como las comunidades autónomas sepan a qué atenerse en el computo global de cada ejercicio presupuestario. "Además de la complejidad que tiene, hay cuestiones que no terminamos de entender sobre cantidades que no sabemos de dónde salen, lo que permite jugar al Estado con los incumplimientos y las retenciones", criticó Dávila.

La dirigente nacionalista recordó que la ley de presupuestos del Estado de 2016 daba vía libre a las comunidades autónomas para abonar la paga extra a los funcionarios de 2012, deuda que tenía que pagarse en 2016 por ley. "Nosotros no contábamos con esta cantidad porque la considerábamos one off y no tiene mucho sentido, no hay reglas claras y estábamos convencidos de que habíamos hecho todo lo posible para cumplir la regla", añadió Dávila.

La consejera de Hacienda dijo en el pleno que Canarias es una comunidad "ejemplar" cuya economía crece por encima del 3,5% y que ha sido "contenida" en el gasto después de diez años de larga y profunda crisis, por lo que criticó la reticencia del Gobierno central "a que no podamos crecer cuando hay más recursos". De ser un país de la UE, Canarias estaría fuera del procedimiento por déficit excesivo al que está sometido España, advirtió la consejera, y por eso hoy en el Parlamento se podrá debatir una ley de crédito extraordinario con la que dar fondos para atender los servicios públicos como se merecen, aunque la regla de gasto "sigue siendo una limitación".

Si la economía crece "no podemos estar con las mismas reglas de 2012, cuando había caída de ingresos tributarios", reiteró Dávila.