Agentes sociales y parlamentarios avalan la negociación del sistema de financiación

Así lo han transmitido al presidente canario, Fernando Clavijo, los portavoces de los grupos políticos representados en el Parlamento regional, con quienes ha analizado los informes de las comisiones de expertos constituidas por el Gobierno central para las reformas de la financiación autonómica y la financiación local.

Todos los representantes de los partidos con representación parlamentaria en Canarias han coincidido en destacar que los expertos han reconocido, tal y como hace ya la Constitución y la Unión Europea, las especificidades de las Islas relacionadas con su lejanía y su condición de región ultraperiférica, si bien han señalado que aún no está conseguido que el nuevo sistema de financiación autonómica tenga en cuenta esta peculiaridad.

De no ser así, el portavoz de NC, Román Rodríguez, ha avanzado que la posición de su partido será la de que Canarias "se quede como está" en este momento, una vez que la comunidad autónoma ha logrado recabar los fondos del ITE y se ha garantizado, por efecto de la ley de Presupuestos del Estado de 2017, que los recursos del REF no le impiden participar en el reparto del Fondo de Competitividad.

El presidente se reunió este jueves además con su Consejo Asesor. Los empresarios y los sindicatos mayoritarios consideran que el informe de la Comisión de Expertos para las reformas de la financiación autonómica y la financiación local sitúa a las islas en una buena posición de partida de cara a la futura negociación.

Ese documento establece que Canarias "ha estado infrafinanciada históricamente, que el Régimen Económico y Fiscal (REF) supone recursos complementarios, que no están dentro de la financiación autonómica, para compensar la condición de región ultraperiférica" y que el criterio que actualmente se utiliza para el reparto de fondos es "opaco, injusto y arbitrario", por lo que el nuevo sistema debe incluir determinados criterios que ponen a Canarias en "situación de más ventaja", ha dicho el presidente de la comunidad autónoma.

Clavijo ha coincidido con el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, y los representantes de UGT, Pedro Martínez, y de CCOO, Inocencio González, en la importancia de que todos los agentes sociales se mantengan unidos en defensa de los intereses de las islas durante la negociación política con el Estado.

Asimismo, ha destacado que, aunque "hay sintonía" con el Gobierno, cuestión aparte es el reparto de recursos, ya que es necesario atender los intereses de todas las comunidades autónomas, a lo que se une el contexto político "y la aritmética" parlamentaria actuales.

El informe de la Comisión de Expertos, en el que ha participado el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y representante del Ejecutivo autonómico, Arturo Melián, señala que el nuevo sistema de financiación debe tener en cuenta el criterio de la insularidad para compensar los mayores costes de los servicios públicos esenciales derivados de la situación geográfica de Canarias.

Asimismo, establece que los recursos del REF deben considerarse teniendo en cuenta las desventajas de Canarias como región ultraperiférica, porque esta condición de desventaja es un rasgo diferencial y único del Archipiélago.

Los expertos también coinciden en que la cuantificación que se establezca de los recursos del REF que recibe la comunidad autónoma de Canarias no podrá penalizar el uso que hagan las islas de su espacio fiscal propio, ya que esto supone una vulneración de su autonomía financiera.

Los argumentos expuestos por Arturo Melián sobre las singularidades de Canarias como región ultraperiférica, en concreto sobre el tratamiento de los recursos del REF, han permitido llegar a un consenso total en el seno de la Comisión de Expertos, sin haberse producido ningún voto particular en contra.

En cuanto a la estructura del modelo del sistema de financiación autonómica, el informe propone que los tramos autonómicos del IVA y de los impuestos especiales se distribuyan en su totalidad de forma homogénea entre las comunidades autónomas, de acuerdo con su población ajustada.

De esa forma, Canarias resultaría beneficiada, porque los recursos de las islas no se verán afectados por el hecho de que el IVA y los impuestos especiales estatales más relevantes no se exijan en las islas. Por otro lado, el resto de tributos, como el IRPF, solo se distribuiría un porcentaje de esta forma.

La Comisión de Expertos también contempla en su informe una modificación en la forma de calcular la población ajustada, incluyendo nuevas variables, un dato que se utiliza como base para establecer las necesidades de gasto.

Así, para medir las necesidades de gasto educativo, el documento de los académicos propone aumentar la edad de la población en edad escolar desde los 16 años actuales a los 18, además de incluir a los matriculados en universidades

públicas y en ciclos formativos de grado superior.

En el caso del gasto en políticas sociales, los expertos reflejan la posibilidad de incluir como nueva variable a la población en riesgo de pobreza y exclusión social. Y Canarias es de las autonomías para las que tiene un mayor valor ese indicador.

También propone incluir una partida para costes fijos, que sería especialmente beneficiosa para las comunidades que tienen un tamaño inferior al promedio, como es el caso de Canarias.

Además, se sugiere también que se considere el efecto que puede tener el turismo en el coste de la prestación de los servicios públicos.

El Informe de la Comisión de Expertos, que ya ha sido analizado en el Consejo de Ministros, deberá ser ahora asumido por el Gobierno de España como base para diseñar el nuevo modelo de financiación, pero supone un paso muy importante al introducir, por primera vez, la variable de la insularidad de cara al cálculo de los recursos que deben recibir las islas, en opinión del Ejecutivo canario.