Expertos constitucionalistas de Canarias coinciden en que el problema de Cataluña podría tener solución a través de la reforma de la Constitución de 1978 para determinar una nueva forma de convivencia entre las autonomías dentro del Estado español, que podría ser a través de un modelo de federalismo asimétrico, pero para ello se requiere un diálogo político hasta ahora inexistente. Algunos de los profesores universitarios consultados creen que la aplicación del artículo 155 de la Constitución hubiera sido una mejor vía para que el Gobierno tomara el control de la situación, dando directamente instrucciones a las autoridades catalanas, que la órdenes que se están produciendo indirectamente a través de las resoluciones judiciales.
En cualquier caso, estiman que el problema en Cataluña es complicado pues, históricamente, ha existido un sector que quiere la independencia. Un sentimiento que se desató con fuerza cuando el Tribunal Constitucional recortó en 2010 el Estatuto catalán aprobado en las Cortes Generales en 2006, y que fue refrendado por la población catalana en referéndum ese mismo año. Esta sentencia desembocó en la manifestación más grande de la historia de la democracia en Cataluña. Decenas de miles de personas marcharon por el centro de Barcelona, en un acto que vino a confirmar que cuatro años de rifirrafes en el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto actuaron como una verdadera fábrica de soberanistas.
Los expertos señalan que jurídicamente el referéndum de independencia no es legal pues no está autorizado por el Estado.
Fernando Ríos Rull, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Autonómico de la Universidad de La Laguna (ULL), afirma que el problema que se está produciendo en Cataluña es "político" y que los partidos que han gobernado España en democracia, el PP y el PSOE, deben ya aceptar que es un país plurinacional, que "ya no es una grande y libre", sino que ha evolucionado y las aspiraciones de cada autonomía son distintas. La revisión de la Constitución hacia un modelo territorial de federalismo asimétrico hubiera sido una salida al problema actual generado por la escasez de diálogo y la nulas ganas del PP y el PSOE en reformar la Carta Magna.
Involución
A juicio de Fernando Ríos, ambas formaciones no han tenido intención de reformar la Constitución "para ceder más dinero y competencias a las autonomías porque estaban muy cómodos". Por ello, sostiene que la descentralización ha sufrido una involución y, además, el Estado siempre cuenta con el refrendo del Tribunal Constitucional que frena la capacidad de maniobra de las comunidades autónomas, pues la mayoría de sus miembros son nombrados por el Gobierno o los partidos políticos que lo sustentan, expone.
Con todo, señala que la interpretación del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, sobre que el "derecho internacional" reconoce las nuevas leyes de referéndum y transitoriedad aprobadas por el Parlamento catalán y suspendidas por el Tribunal Constitucional no es correcta.
La corte internacional ampara dos situaciones concretas para el derecho a la autodeterminación: las coloniales y las de situación de evidente opresión, como fue el caso de Kosovo cuando se declaró independiente y fue avalado internacionalmente, "pero en Cataluña no concurren esas circunstancias".
El catedrático de Ciencia Política de la ULL, Juan Hernández Bravo de Laguna, asegura con total certeza que la consulta "es ilegal y no se puede celebrar, y cualquier declaración unilateral de independencia sería nula de pleno derecho". "Parece ser que la estrategia que tiene el Gobierno es no actuar directamente sino a través del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional e intentar parar esto a golpe de sentencia y a golpe de instrucciones judiciales", expone. "Vemos como la Fiscalía le da órdenes a los Mossos d'Esquadra y a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado" para que eviten el referéndum.
En su opinión, se podría abordar el problema aplicando "el tantas veces nombrado artículo 155" de la Constitución, aunque "tiene un trámite en el Senado recogido en el reglamento de la Cámara Alta, que lleva unos plazos y un tiempo que no se ha hecho". Este artículo señala que si las autoridades de las comunidades autónomas incumplen la Constitución y las leyes o atentan gravemente contra el interés general de España pueden ser sustituidas por el Gobierno central que daría las órdenes directamente. "No se trata de suspender la autonomía, como se ha dicho, sino de dar instrucciones vinculantes a las autoridades de la Comunidad" y ahora "están consiguiendo los mismas efectos indirectamente, a través del Poder Judicial y no del Ejecutivo".
Felipe González
Recuerda que Felipe González ha declarado que si fuera presidente ya hubiera aplicado el artículo 155. Pero además, expone que el artículo ocho de la Constitución es "mucho más contundente" porque plasma que una de las misiones de las Fuerzas Armadas es mantener la integridad territorial del Estado. "Nadie está planteándolo porque tendría una mala venta mediática pero lo cierto es que las Fuerzas Armadas podrían intervenir", según la Constitución, formula. Hernández Bravo de Laguna estima que buscar una salida a la cuestión catalana es "complicado". "Ya en el año 32, desde hace un siglo, se generó la polémica entre Manuel Azaña y Ortega y Gasset a cuenta del Estatuto catalán de la República, y Ortega y Gasset dijo que el problema no tenía mucha solución porque había un sector catalán que quería la independencia.
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Víctor Cuesta, considera también que la discusión jurídica está cerrada y el referéndum es inconstitucional. Sostiene asimismo que es un problema "político porque no se ha hecho a tiempo un a revisión del estado autonómico". "Siempre se ha hablado de la revisión hacia un estado federal pero nunca se concreta porque parece como si se abriera la caja de pandora y la mayoría parlamentaria de turno no la quiere abrir, pero aquí habría que dar un paso adelante porque solo una respuesta jurídica no es suficiente". Pero estima que los nacionalistas catalanes están ya "en otra lógica" porque el federalismo presupone la lealtad de todos los territorios al Estado, como ocurre "en EEUU, que es un estado federal muy descentralizado pero hay una lealtad de patria que no existe en otro país".
