Igor Kokorev sólo quiere parar el reloj. El miembro de la familia hispano-rusa investigada por presunto blanqueo de capitales como testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, quedó el miércoles en libertad sin fianza, después de 26 meses en prisión provisional en el centro penitenciario Las Palmas II (Juan Grande), en el sur de Gran Canaria, sin ser juzgado. Poco tiempo después de entrar en la cárcel nació su hija, Ellie. No estuvo en el nacimiento de su bebé, ni pudo mecer a la niña para calmar sus llantos o enseñarle a dar los primeros pasos, por lo que ahora todos los segundos le parecen insuficientes para recuperar el tiempo perdido, tanto con la pequeña como con su mujer Taehee, de origen coreano.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas dictó el miércoles un auto en el que estimó el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Igor Kokorev y, en consecuencia, revocó el auto del 11 de septiembre de 2017, dictado por el Juzgado de Instrucción número 5 de la capital grancanaria, y acordó su inmediata puesta en libertad.
La Sala sustentó su decisión en los mismos argumentos que utilizó para decretar el 27 de septiembre la libertad sin fianza de su madre Yulia Maleeva, de 65 años. Sin embargo, el patriarca, el empresario Vladimir Kokorev, de 63 años, continúa entre rejas, a la espera de poder abonar una fianza de 600.000 euros.
Después de dos años recluidos, ninguno de los tres ha sido aún juzgado. No hay cargos específicos formulados en su contra, ni una fecha para juicio. Permanecían en prisión provisional, una medida de aplicación excepcional, y durante este tiempo las investigaciones no han avanzado sustancialmente. El delito de blanqueo de dinero, que es su única acusación, se castiga con una sentencia máxima de seis años, según el Código Penal, por lo que ellos ya habrían cumplido un tercio de la pena que se les pueda imponer.
Igor Kokorev abandonó su celda el miércoles, en torno a las 19.00 horas, y fue directo a abrazar a su familia. Se reencontró con su madre y se fundió en un abrazo interminable con su mujer y su hija, invadido por una mezcla de sentimientos, desde emoción y felicidad hasta frustración y rabia por sus días ausente.
La historia se remonta dos años atrás, cuando el matrimonio hispano-ruso formado por Yulia Maleeva y Vladimir Kokorev fue arrestado el 8 de septiembre de 2015 en el aeropuerto de Tocumen de Panamá cuando regresaba de Punta Cana. Un día más tarde fue detenido su hijo Igor Kokorev, abogado de 35 años, en el mismo aeropuerto, al llegar procedente de Los Ángeles.
La orden de arresto internacional para la familia Kokorev fue emitida por la jueza del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, el 11 de agosto de 2015 y se basó en la imposibilidad de determinar su paradero. No obstante, según fuentes jurídicas, la dirección de los Kokorev era perfectamente conocida por las autoridades españolas, ya que residían en Panamá y habían comunicado sus domicilios al consulado español.
Con todo, una vez detenidos por la Interpol, fueron extraditados a España y encarcelados.
La familia Kokorev, investigada desde 2009 y dedicada al negocio pesquero, está acusada de crear un conglomerado de sociedades, entre ellas Kalunga Company, para blanquear más de 26 millones de euros en favor del presidente guineano, Teodoro Obiang.
Los abogados defensores de los Kokorev no tuvieron acceso al caso hasta febrero de 2017, cuando la juez levantó el secreto de sumario, por lo que la familia permaneció en prisión por cargos y pruebas desconocidas por ellos durante 18 meses.
El 1 de agosto, la juez ordenó prorrogar la prisión provisional de los Kokorev por otros dos años debido a la complejidad de la causa y la continuación de la investigación.
En cambio, la Audiencia de Las Palmas tumbó tal resolución. A finales de septiembre la Sección Sexta estimó el recurso de apelación interpuesto por Yulia Maleeva y acordó su libertad provisional, así como rebajó la fianza de dos millones de euros a 600.000 euros impuesta a Vladimir Kokorev.
En su nuevo auto, emitido este miércoles, en el que decreta la libertad sin fianza de Igor Kokorev, la Sala reitera los fundamentos jurídicos esgrimidos en el caso de su madre.
La Audiencia señala que, si bien de las actuaciones se extrae la existencia de un patrimonio conjunto de los investigados, la juez instructora debía detallar la participación concreta de cada uno de los miembros del clan familiar, sobre todo teniendo en cuenta que el hombre de negocios y quien se encargaba de las transacciones comerciales era el patriarca, Vladimir Kokorev.
Asimismo, la Sala advierte de que la prisión preventiva debe valorarse según cada caso y la prórroga es una medida excepcional. Su adopción en este caso no resulta "adecuada" y podría vulnerar el derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución y del artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Asimismo, considera que el riesgo de fuga es "débil". Aún así, tanto Yulia como su hijo Igor tienen prohibido salir de la isla y se les retiraron sus pasaportes. También tiene la obligación de comunicar al juzgado cuantos cambios de domicilio realicen y comparecer en el juzgado semanalmente.
En espera de juicio, la familia reside en un inmueble de su propiedad en Las Canteras, donde el miércoles Igor se encontró por primera vez con su hija Ellie. "Llevaba dos años en prisión sin conocerla", lamentó su abogado Álvaro Campanario, que indicó que la niña ha crecido este tiempo "sin la figura paterna". Una circunstancia que el letrado ha alegado en varias ocasiones en sus escritos a la juez instructora, para que fuese "sensible" ante esta situación y "porque la ley dice que al prorrogar la prisión provisional se deben tener en cuenta las circunstancias de cada persona".
Falta ahora que el patriarca, Vladimir Kokorev, salga de prisión. Su defensa ha ofrecido como garantía dos pisos en la capital grancanaria, que cubren el doble de la fianza, pero la juez Ana de Vega los rechaza, al entender que ya están embargados para responder de la posible responsabilidad civil si al final hay condena. La defensa recurrirá a la Audiencia Provincial.
