15 de noviembre de 2017
15.11.2017

Los gallistas afilan espuelas

Las asociaciones desafían al Ejecutivo con movilizaciones para impedir el veto a las riñas

15.11.2017 | 11:43
Los gallistas afilan espuelas

Las asociaciones gallísticas de Canarias amenazan con movilizaciones si la futura ley de protección de animales prohibe las riñas y acaba así con una costumbre que dura en las Islas más de 300 años. Avisan al Gobierno de que si el anteproyecto legislativo se aprueba tal y como está redactado proliferarán las peleas clandestinas. En la actualidad son más de 700 los socios vinculados a casi medio centenar de organizaciones para la cría y la promoción de las peleas. "No nos quedaremos quietos, aunque somos optimistas con las vías de diálogo que se abran a partir de ahora", señaló ayer el presidente de la Federación Gallística Canaria, José Luis Martín. El Ejecutivo, por su parte, asegura que en el texto final tendrá en cuenta a todos los colectivos implicados y sus pretensiones pero avisa que la sensibilización del trato a los animales no es ahora igual que en 1700 y, por lo tanto, las leyes han de evolucionar.

Desde la Federación recuerdan que la crianza de las aves de pelea en el Archipiélago datan desde el siglo XVIII, por lo que de la noche a la mañana no va a desaparecer una costumbre tan arraigada a la sociedad. "Por tradición, las peleas continuarán y pasarán a ser algo ilegal y tristemente se acabará con estos animales y concurrirá en prácticas de apuestas ilegales y peleas clandestinas". Defiende la ordenación actual: "lo que hay ahora es algo transparente y de acceso público, quien quiere viene y quien no le gusta no viene".

De hecho, en Canarias existe como singularidad, y a diferencia de las riñas que se realizan en el resto del mundo, las peleas de contratas. Es decir, las asociaciones firman acuerdos entre ellas para enfrentar a sus aves dentro de un reglamento regularizado. Los gallistas, para participar en las peleas siempre tiene que formar parte de alguna asociación. Además, la preparación de estos pájaros es extremadamente cuidadosa para que su rendimiento sea exitoso durante la pelea, reservada solo para aquellos gallos predispuestos a la afrenta.

En el Archipiélago hay aproximadamente 700 afiliados a las 47 asociaciones gallistas, de los que se puede calcular una cifra de crianza de aves de combate cercana a las 75.000 entre gallos, gallinas y pollos. Cuya "única razón de vida" es la pelea, explica Martín. "No sirven para otra cosa que no sea la batalla: no ponen huevos y su carne no se puede aprovechar". Con la ilegalidad de las riñas esta aves, pues, desaparecerán porque "¿quién va a querer invertir en algo que tiene un coste muy elevado y no tiene utilidad?", argumenta.

El presidente de la federación gallística defiende, frente a las intención del Gobierno de Fernando Clavijo, que, de un lado, "el gallo de por sí es un animal territorial, no puede haber dos cantos en una misma zona. Si ocurre, se buscan para pelearse. Si la naturaleza les puso las espuelas fue para que pudieran luchar"; amén de, por otra parte, el cuidado que se les presta dista mucho de los maltratos que denuncian los animalistas cuando argumentan en contra de esta práctica . "Nosotros solo los preparamos para el enfrentamiento. Les masajeamos la musculatura con ron y les cortamos las plumas por debajo de las alas para que el espectáculo no sea tan sangriento [al igual que el corte de la cresta]. Además, tenemos que alojarlos en un hábitat específico y darles el mejor de los piensos. Es muy costoso", indicó.

Y no solo eso, en los últimos años se han tomado diversas medidas para suavizar la violencia en los enfrentamientos. "Estamos importando unas espuelas de plástico, que son menos agresivas que las propias del animal y que están limitadas en su longitud"; y también "hemos recortado el tiempo de combate a diez o doce minutos, algo que antes quedaban a las decisión de los acuerdos a los que llegaran las galleras que se enfrentaran ", explica el dirigente de las asociaciones como disposiciones que han adoptado por la parte federativa y que cree que "se puede incluir perfectamente en este nuevo proyecto de ley" para impedir el veto que les daría la puntilla.

La legislación vigente de protección de animales en Canarias data de mayo de 1991. Entonces la norma ponía fin a "la utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad y sufrimiento". Se desterraron los combates de perros y las corridas de toros, aunque no prohibidas expresamente, pasaron en las Islas a mejor vida. Los gallos se salvaguardaron entonces por su valor cultural. Los impulsores de la reforma de la ley cree que ha llegado el momento de revisar esa costumbre con ojos acordes con los nuevos tiempos. No en vano, el Parlamento de Canarias ha aprobado en los últimos tiempos varias proposiciones no de ley para atender las demandas de la población al respecto a los animales.

La dirección general de Transparencia y Participación Ciudadana avisa que el proceso está en marcha. Una vez que se apruebe "quien quiera situarse al margen de la ley sabe a lo que se atiene", subraya su responsable Antonio Llorens. Y pone como ejemplo de transición a los perros de presa. "El origen de la crianza de los bardinos fue para la lucha. Estas son ilegales y no por ello ha desaparecido su raza, sino que es un animal de compañía con un carácter maravilloso", sostiene Llorens.

El futuro proyecto de ley queda a expensas de las reuniones que se mantendrán con todos los colectivos implicados. "Tenemos un libro en blanco en el que la ciudadanía dirá qué quiere incluir y luego el legislador diseñará el texto normativo. No se va a excluir a nadie en este proceso. Lo que no quiere decir que tengamos que aceptar todo lo que se solicite. Unas propuestas serán tomadas en cuenta y otras no, y se argumentará su rechazo", indicó el director de transparencia.

El trasfondo del anteproyecto está avalado por la intervención de más de trescientas personas y entidades, de las que resultaron 1.500 aportaciones que han sido estudiadas. Ahora volverá a tener audiencia en un periodo de 20 días conjuntamente con las partes que tengan intereses implícitos en el futuro proyecto de ley: colegios de biólogos y veterinarios, asociaciones animalistas, gallistas o cazadores.

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