La Fiscalía recibió este viernes la denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos por la actuación de Borja Casillas, Drag Sethlas, en la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palma de Gran Canaria, confirmaron fuentes del ministerio público, lo que les obliga a abrir diligencias para investigar un posible delito de ofensa a los sentimientos religiosos.

El fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, barajaba desde el miércoles investigar de oficio la interpretación de Drag Sethlas, pero el colectivo de abogados cristianos se ha adelantado a su decisión y ha forzado la intervención del ministerio público.

Sethlas ganó el lunes por la noche la Gala Drag con una controvertida parodia sobre la Virgen María y la crucifixión de Cristo. Al día siguiente, martes, el obispo de Canarias, Francisco Cases, censuró su actuación por "blasfema" y organizó para este mismo viernes una misa de desagravio, que se celebró esta noche en la catedral de Santa Ana con la asistencia de numerosos fieles.

La escalada de reacciones adversas abrió un debate interno en la Fiscalía, que incluso analizó un vídeo subido a internet para decidir si debía intervenir. Televisión Española llegó a retirar de sus servidores la grabación del espectáculo ante la polémica suscitada.

La libertad de expresión y el contexto transgresor propio de los carnavales es lo que hace dudar al ministerio público sobre si realmente Sethlas ha buscado ofender de manera deliberada a los creyentes católicos. La Asociación de Abogados Cristianos, en cambio, no alberga dudas. Su denuncia, que llegó a Fiscalía a última hora de la mañana, la tramitará probablemente el departamento especializado en Delitos de Odio y Discriminación.

La presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, aseguró el miércoles, tras la carta del Obispo de Canarias, que la actuación de Sethlas era "vejatoria" y "un nuevo ataque de odio a los sentimientos religiosos". De ahí su decisión de denunciar a la drag por este delito, que viene regulado en el artículo 525 del Código Penal.

El castigo previsto es una multa de ocho a doce meses para toda persona que ofenda los sentimientos de una confesión religiosa mediante el "escarnio" público de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias. Se prevé, además, esa misma pena para aquellos que "vejen" a quienes profesan o practiquen esa actividad religiosa.

Que la Fiscalía abra diligencias no quiere decir necesariamente que vea delictiva la actuación de Sethlas, sino que inicia una investigación para determinar si existen o no esos indicios de delito. Tanto García-Panasco como el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, han explicado públicamente que están obligados a incoar diligencias si llegaba esa denuncia, tal y como ha ocurrido. Sólo si se verifican esos indicios llevarán el caso al juzgado de instrucción, que a su vez abrirá otro procedimiento para determinar si los hechos deben o no ir a juicio.