Una treintena de vehículos de lujo, y otros tantos conductores, ocuparon esta mañana las inmediaciones de la Consejería de transportes del Gobierno Canario en Las Palmas de Gran Canaria para reclamar una salida a una situación legal que, según aseguran, les impide continuar ejerciendo su labor.
Según reza en el escrito presentado esta mañana a la viceconsejera de Turismo, los trabajadores del sector del transporte en limusina tienen muy difícil continuar con su trabajo toda vez que la nueva normativa les obliga a cambiar en el plazo de un mes sus vehículos de gasoil por otros de gasolina, sin que sea posible encontrar en Canarias suficientes unidades en el mercado en dicho plazo. La consecuencia directa es el paro técnico y el precintado de los vehículos de gasoil que continúen con el servicio, y con ello la inmediata escasez de dinero para llevar a sus familias a final de mes.
Los trabajadores reclaman, por una parte, la ampliación del plazo para la reconversión de sus vehículos de manera que no tengan que quedarse sin trabajar por una normativa que resulta imposible de cumplir. "Cuando los principales países debaten en Copenhague sobre la necesidad de reducir urgentemente las emisiones de C02, en Canarias el Gobierno nos obliga a cambiar los vehículos de gasoil, menos contaminantes, por otros de gasolina; cosa que no pasa en el resto de España ni en ninguna parte. No tiene explicación, pero estamos dispuestos a hacerlo: el problema es que ni siquiera es posible encontrar cuarenta berlinas de lujo a la venta a la vez en estos momentos en Canarias en el plazo previsto", asegura Miguel Jorge García, portavoz de la plataforma de trabajadores.
Por otro lado, el colectivo denuncia presiones y dificultades extraordinarias para un sector que "en un sitio turístico como Canarias debería estar apoyado en lugar de hacerlo todo todavía más difícil", dice García. En concreto, los trabajadores hablan de una exigencia en la aplicación de la normativa "que empieza a ser asfixiante" por parte de algunas administraciones públicas.
Uno de los conductores cuenta cómo resulta habitual que en Aeropuerto de Gran Canaria la policía local"acompañe hasta el vehículo en cuestión a un turista recién llegado para, seguidamente, pedir todo tipo de documentación y hacer registros del coche, haciendo esperar continuamente al cliente". Según manifiestan, el hecho de que su servicio pueda entenderse como competencia directa para el sector del taxi tradicional puede estar detrás de este posible exceso de celo. Miguel Jorge, sin embargo, explica que en muchísimos lugares del mundo el servicio de limusina es complementario al del taxi y que conviven perfectamente, ya que incluso pueden resultar intercambiables si se habilita un taxímetro en el vehículo. "Aunque eso aquí es inimaginable, así que no aspiramos a tanto: sólo que no aprueben normativas imposibles de cumplir para poder seguir trabajando", sentencia García.
Del mismo modo, los conductores consideran un importante agravio comparativo el hecho de que la aplicación de dicha normativa sea una exigencia impostergable en Gran Canaria, "mientras que en Tenerife los vehículos de gasoil pueden seguir operando sin que nadie les haya dicho nada a día de hoy".
Según rezaba en los carteles que cubrían las decenas de coches de lujo aparcados esta mañana frente a la Consejería, son unas setenta las familias que se ven afectadas por esta medida. Los trabajadores pasarán toda la mañana concentrados para reivindicar una solución inmediata que no les lleve "directos al paro, después de 16 años apostando como autónomos por la instauración y normalización de un sector del transporte público imprescindible en un destino turístico como Canarias", según sus declaraciones.
