Casi 700 canarios perdieron el año pasado el subsidio de desempleo al observar la Inspección que a la vez que cobraban realizaban otros trabajos remunerados en la economía sumergida. Tan solo 682 de las 56.003 actuaciones llevadas a cabo por la Delegación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Canarias durante el pasado año acabaron en retiradas de la prestación por desempleo por esa razón. En términos relativos, la cifra de fraude en el cobro alcanzó el 1,21% de las inspecciones.

El número de visitas de inspección realizadas en ese 2010 por el mencionado órgano, dependiente del Ministerio de Trabajo, fue de 16.330. Poner en relación con ellas las 682 propuestas de extinción de las prestaciones supone el 4,17%. Cifras muy alejadas del 25% expuesto por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, el martes y que ayer optó por matizar su propio departamento.

Según el ministerio, de las 268.209 sanciones impuestas a perceptores de prestaciones por desempleo durante el año pasado en España, "casi el 90%" (235.164) se produjeron "por no renovación de la demanda". Es decir, la inmensa mayoría de las infracciones consistieron en no acudir a sellar la tarjeta del paro. Además, todas estas sanciones acarrearon suspensiones temporales del subsidio, que solo se convierten en extinciones totales en caso de reincidencia.

Por sanciones muy graves, que sí comportan la supresión inmediata de la prestación, los sancionados en toda España fueron 5.168 trabajadores. Es en este tipo de infracciones en las que se encuadra la práctica de "compatibilizar el cobro de prestaciones o subsidios con trabajo por cuenta ajena o propia". Es decir, de los 235.000 investigados anunciados por el ministro, solo el 2,19% fueron sorprendidos desarrollando un trabajo al tiempo que cobraban la prestación.

Volviendo a Canarias, 5.982 de las 56.003 actuaciones desarrolladas por la Inspección de Trabajo en las Islas en 2010 terminaron en un acta de infracción, la mayoría (4.714) producto de visitas de los inspectores. Los fraudes a la Seguridad Social (2.990), tanto por parte de trabajadores como de empresarios, supusieron la mayor parte de esos expedientes sancionadores.

En el reparto provincial, la actividad inspectora es mayor en Santa Cruz de Tenerife cuya delegación cuenta con 32.209 actuaciones por 23.794 de la de Las Palmas. Sin embargo, esta diferencia se invierte si atendemos a las actas de infracción levantadas. En la provincia oriental fueron 3.196, mientras que en la occidental el número total ascendió a 2.786.

También la provincia de Las Palmas llevó la delantera en el número de visitas realizadas. En 8.452 ocasiones los inspectores de esta provincia se desplazaron en busca de comportamientos no ajustados a la ley, por 7.878 de los de Santa Cruz de Tenerife.