La reforma de las pensiones de viudedad y orfandad se perfila como uno de los asuntos que estarán en la agenda de la Comisión del Pacto de Toledo que desde principios de 2016 evaluará los resultados de los cambios incorporados desde 2011 al sistema público (aumento progresivo de la edad de jubilación a los 67 años, restricción de los retiros anticipados...). Allí se discutirá también qué otras medidas pueden reforzar la sostenibilidad económica de las pensiones. Con la Seguridad Social en "números rojos", entre los partidos y los sindicatos está ganando fuerza la idea de sacar las prestaciones de viudedad de la financiación contributiva (con cargo a cotizaciones sociales) y costearlas a través de los impuestos. Tal decisión podría ir acompañada de otras reformas que respetarían los derechos de los beneficiarios actuales (más de 77.400 en Canarias, el 92,7% mujeres), pero que podrían modificar de manera sustancial el acceso a la prestación para las generaciones futuras.
Los ingresos
Entre los economistas es generalizada la opinión de que el gobierno y el poder legislativo que salgan de las urnas el próximo 20 de diciembre habrán de plantearse una nueva reforma de las pensiones. Y existe cierto grado de consenso entre partidos y agentes sociales en que los posibles cambios deben centrarse esta vez más en los ingresos que en los gastos. Empuja en esa dirección el comportamiento reciente de las cuentas de la Seguridad Social, que este año camina hacia un déficit en torno al 1,5% del producto interior bruto (unos 15.000 millones de euros) . Es un desfase resultante de unos gastos que crecen más intensamente que las cotizaciones, lastradas, opina una corriente dominante de expertos, por los ajustes salariales, la precariedad del nuevo empleo y las bonificaciones para estimular la recuperación. En ese contexto, se ha esbozado la idea de dejar de financiar con cotizaciones los 21.000 millones que suponen las pensiones de las viudas y cargarlos sobre otros ingresos tributarios del Estado.
Con impuestos
Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, reconoció el pasado agosto que el Gobierno se está planteando sacar las pensiones de viudedad del sistema contributivo. Las reacciones políticas y sindicales han sido dispares (el PSOE y UGT lo critica en principio y CC OO lo apoya), pero hay entendimiento sobre la conveniencia de abrir un debate que el PP ya ha metido en los Presupuestos Generales del Estado (disposición adicional 65.ª) al contemplar la posibilidad de sufragar con los tributos parte de las prestaciones que ahora se pagan con cotizaciones. La tesis es que liberar al sistema de los 21.000 millones anuales que supone pagar a viudas (2,18 millones de mujeres, 71.800 en Canarias) y viudos (175.000 varones, 5.600 canarios) supondría un desahogo importantísimo para la Seguridad Social.
Pero ese razonamiento omite que el problema financiero no haría otra cosa que reaparecer en un lugar distinto de las arcas públicas. El economista José Antonio Herce, especialista en pensiones del servicio de estudios del BBVA, lo retrata así: "Se está hablando de ordeñar los Presupuestos, pero sin pensar en las derivadas que tiene. ¿De dónde se quieren sacar el dinero al tiempo que se quieren reducir los impuestos? Apenas nos llega para pagar la sanidad, la educación o las prestaciones de paro, y en Europa nos están recordando que vamos a incumplir el déficit; tenemos problemas por unas décimas y se plantea desembolsar 21.000 millones, que son dos puntos del PIB". El Gobierno no ha dicho de qué tributos saldría el dinero y el PSOE dejó caer en alguna ocasión precedente la posibilidad de crear uno nuevo.
Reforma
¿Qué impacto tendría para los beneficiarios que las pensiones de viudedad perdiesen su carácter contributivo? Con las elecciones en el horizonte, ni el Gobierno ni la oposición han entrado por ahora en un asunto que puede tener aspectos muy impopulares. Pero los expertos presumen que las reformas conducirán a una revisión general de este tipo de prestación como ya ha ocurrido en otros países europeos. Según esas explicaciones, la opción más verosímil es que, respetando los derechos reconocidos a los actuales beneficiarios, las pensiones de viudedad del futuro dejen de calcularse como porcentaje de la base de cotización del fallecido (52% ahora con carácter general) y también que se revise su compatibilidad con el cobro de otras pensiones (jubilación e incapacidad) o con rentas del trabajo.
"Las pensiones de viudedad requieren una reforma de mil pares de narices", opina José Antonio Herce, partidario de "reformular" estas prestaciones considerando que los cambios sociales de las últimas décadas, con la incorporación masiva de la mujer al mercado laboral, ponen en cuestión la naturaleza con la que se creó y se mantiene la pensión de viudedad: evitar la desprotección de la familia si el fallecido era el único o el principal generador de rentas.
Bajo los gobiernos de Zapatero y de Rajoy, la Seguridad Social encargó estudios sobre la reforma de las pensiones de viudedad que luego quedaron en un cajón. La idea que comparte un sector de técnicos de la propia institución es la transformación paulatina de la pensión de viudedad en una prestación asistencial dirigida a cubrir situaciones de necesidad. Otros se muestran favorables a actuar ya sobre los "problemas de equidad" de la pensión, suprimiéndola para aquellos viudos y viudas que trabajan y tienen salarios elevados (ahora la pensión es compatible con cualquier nivel salarial) o pensiones de jubilación altas (se pueden cobrar por ambos lados hasta alcanzar el tope de la pensión máxima, 2.567 euros este año). Esta propuesta, compartida por el PSOE, implicaría elevar a la vez los ingresos de quienes viven sólo de pensiones de viudedad modestas. Como una mayoría de viudas canarias que cobran apenas 614 euros de media al mes. Las que más perciben por el régimen general de pensiones no llega a los 700 euros de paga al mes.
