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Los productores agrarios instan a la UE a finiquitar el convenio con Marruecos

Los agricultores quieren que la anulación del acuerdo comercial en el Sahara se amplíe

Comienzo de la zafra de tomates en septiembre del pasado año en el municipio grancanario de Santa Lucía. SANTI BLANCO

Los exportadores hortofrutícolas de las Islas exigen a Bruselas que ponga punto y final al acuerdo comercial de productos agrícolas y pesqueros entre la Unión Europea (UE) y Marruecos. La anulación en diciembre del convenio en el punto que afecta al Sahara Occidental por parte del Tribunal Europeo de Justicia ha impulsado a los productores isleños a solicitar que la suspensión alcance a las frutas y hortalizas procedentes de todo el territorio marroquí. Tanto la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex) como la Asociación de Jóvenes Agricultores de Las Palmas (Asaja) coinciden en que el convenio de liberalización comercial suscrito en 2012 entre Bruselas y Rabat -en ampliación al Plan de Trabajo Euromediterráneo sobre la Agricultura iniciado en 2005- ha perjudicado al sector de Canarias en general y de forma especial al cultivo del tomate, puesto que los agricultores no pueden competir en igualdad de condiciones como consecuencia de los altos costes de producción que llevan aparejado los cultivos de las Islas.

El acuerdo, suspendido momentáneamente, incluye concesiones en los precios de entrada para frutas y hortalizas como el tomate, pepinos, alcachofas, naranjas o nectarinas y la fijación de contingentes y aranceles en determinados periodos para los tomates, ajos, pepinos, calabacines, clementinas y fresas. Los productores de las Islas insisten en que no solo el campo canario se ve dañado, sino también el resto del sector primario español donde se cultivan esa variedad de productos.

De hecho, entre enero y septiembre de 2015, la importación a Europa de frutas y hortalizas procedentes de Marruecos sobrepasó las 757.000 toneladas, un 3% más que en el mismo periodo del año anterior. El valor de este montante superó los 910 millones de euros, un 18% más que en 2014, una cifra que da cuenta del potencial agrícola del país africano ya que en este recuento no se tienen en cuenta los envíos a Rusia.

El Tribunal, con sede en Luxemburgo, indica en la sentencia que la invalidación viene dada por la extensión de las ventajas comerciales a los productos cultivados en el Sahara Occidental a pesar de que la soberanía de Marruecos sobre este territorio no está reconocida ni por la UE ni por ONU. En respuesta a la decisión judicial el departamento marroquí de Exteriores ordenó la pasada semana congelar los contactos con las instituciones europeas en Rabat hasta que ese dictamen no se revierta.

El ministro portavoz del Gobierno, Mustafa Jalfi, aclaró que no se trata de ninguna suspensión en las relaciones, sino una "llamada al orden" para que se restablezca el convenio. Pese a las demandas de los productores canarios, estos admiten que tienen escasas esperanzas de que la suspensión se pueda ampliar a todo el país debido al interés de la UE en mantener buenas relaciones con el reino alauí en materia migratoria y en la lucha contra el yihadismo.

Por este motivo, Roberto Góiriz, presidente de Asaja Las Palmas, señala que esta sentencia constituye un beneficio más moral que efectivo, no solo para al Frente Polisario que presentó un recurso a finales de 2012 contra el marco comercial, sino también para los productores del Archipiélago que llevan reivindicando el perjuicio que causa esta situación puesto que Marruecos ha aplicado en esta región una política de desarrollo de producciones hortofrutícolas intensiva.

El incumplimiento de los cupos mensuales asignados centra también el grueso de las reclamaciones de los agricultores. "Marruecos no está cumpliendo con lo establecido, lo que produce un deterioro en el mercado y que lo que se produce baje de precio", sostiene Goiriz. En este punto coincide con Gustavo González, portavoz de Fedex, quien expone que mientras en Canarias producir 1 kilo de tomates cuesta 80 céntimos, el coste desciende a los 10 céntimos en el país marroquí. "Aquí cumplimos con la normativa", continúa González, al contrario de lo que ocurre en el reino alauí en materia laboral, social y fitosanitaria. El portavoz de Fedex remarca que la insularidad y la lejanía al continente europeo intensifican los costes, lo que conduce al tomate canario a tener que competir en calidad y no en precios.

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