Antonio Plasencia cometió delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Así mismo lo reconoció el expresidente de los constructores de Tenerife que, a través de su abogado, cerró un principio de acuerdo con la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife antes de que arrancara ayer el juicio por obtener áridos de forma ilegal durante años. Ese pacto, que aún no está formalizado y que además debe ser rubricado por las acusaciones particular y popular y el actor civil, implica que el propio empresario se declare oficialmente culpable y que asuma un año y tres meses de prisión, además del pago de 52 millones de euros para restaurar el entorno natural de Güímar afectado por sus extracciones. El lado bueno para él es que así evitaría la cárcel, de ahí que sea el que ha promovido el acercamiento.
Según fuentes jurídicas consultadas, otros dos de los cuatro procesados por estos mismos hechos también negocian con el Ministerio Público (representado por Jaime Serrano-Jover), el abogado Carlos Álvarez (en nombre de las acusaciones particular y popular) y el letrado del Ayuntamiento, como actor civil, un posible acuerdo de conformidad que tendría las mismas condiciones que el de Plasencia: un año y tres meses de cárcel y el pago de la recuperación del espacio en función de los daños que ocasionaron cada uno de ellos.
Los que están dispuestos a oficializar su culpabilidad para evitar entrar en prisión son los también empresarios José Enrique Morales y Pedro Sicilia, mientras que el letrado del cuarto, Francisco Javier del Rosario, no aludió a esa vía y defendió ayer durante las cuestiones previas en el juicio de caso Áridos la inocencia de su cliente. Según él, el investigado "no representa a la empresa" que explotó los barrancos de Güímar, sino que simplemente era "un apoderado que no tuvo capacidad decisoria".
El más adelantado para conseguir un pacto es el expresidente de la patronal de la construcción porque ya cuenta con la aprobación de la Fiscalía, pero la realidad es que aún debe tener el visto bueno de las acusaciones particular y popular y de la Corporación local.
De no lograrse un acuerdo entre todas las partes y no firmarse esa fórmula para cada uno de ellos, el juicio continuará en los próximos días con el procesado correspondiente que no disponga de esa conformidad, hasta acabar, en un principio, en abril.
Los cuatro empresarios ya tuvieron que sentarse en el banquillo ayer durante la primera sesión de la vista oral, pero por muy poco tiempo. Aunque todos los abogados tuvieron la oportunidad de exponer las cuestiones previas, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial decidió suspender la jornada para que puedan proseguir las negociaciones entre los implicados.
Si se apoya la solicitud de Plasencia, al no tener antecedentes penales, no entraría en prisión y pondría punto final a una de las causas que tiene pendientes -en caso contrario, correría el riesgo de ser castigado a cinco años de cárcel, los que solicita el Ministerio Fiscal para cada uno de los acusados-. Pero la realidad del empresario es más complicada. Plasencia está imputado también por el famoso caso de Las Teresitas. El juicio se verá esta mismo año y la Fiscalía pide para él otros cinco años entre rejas por presuntas prevaricación y malversación de caudales públicos.
Las negociaciones entre Plasencia, el resto de interesados en acogerse a esa fórmula y las otras partes deberán continuar para intentar llegar a un pacto antes del próximo día 28, cuando tendrá lugar la siguiente sesión. Así lo anunció el presidente de la Sala, el magistrado Joaquín Luis Astor, quien les recordó que existe un auto de 2008 en el que el tribunal hace constar la existencia "de forma indiciaria de responsabilidad penal" por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Reparto de cantidades
Dos de los puntos más complicados para terminar de cerrar ese trato es el dinero que debe poner cada uno de los procesados para restaurar el medio natural dañado y cómo se recuperará el espacio. Las administraciones públicas con responsabilidad en los barrancos de Güímar que fueron explotados (El Río, Badajoz, Los Guirres y Fregenal) deberán conocer oficialmente esos acuerdos de conformidad, así como elaborar los proyectos para restablecer los terrenos y determinar el coste de los trabajos, una actuación que muchos ven difícil ante la profundidad de los hoyos que dejó la actividad minera durante casi 20 años.
La Fiscalía ya ha realizado su cálculo. Un dictamen pericial establece en 279 millones de euros el dinero que deben poner los areneros -69,6 millones Francisco Javier del Rosario, Antonio Plasencia 66,4, José Enrique Morales casi 63 y Pedro Sicilia 39 millones, sin contar al quinto implicado fallecido-. A estas cifras habría que sumar los 209 millones que pide el Ayuntamiento como actor civil y la indemnización que solicita el fiscal para el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.
Según fuentes consultadas, Plasencia solo podría pagar 52 de los 66 millones que fija la acusación pública al disponer de un patrimonio inmobiliario valorado en ese importe, mientras que los otros tres procesados se declararon insolventes.
