Los productores de tomate de las Islas estudian demandar al Estado por el daño patrimonial que les ocasionó tener que devolver 11,8 millones de euros correspondientes a las ayudas al transporte percibidas en la temporada 2002-2003. El Tribunal Supremo revocó en una sentencia la pasada semana dicha sanción, impuesta en 2008 por la Delegación del Gobierno central en Canarias.
José Miguel López, experto en Derecho Administrativo de la firma PwC Tax & Legal Services, confirmó ayer que se están estudiando todas las posibilidades existentes para la interposición de una demanda por el "daño patrimonial" que generó una decisión que el Supremo calificó como arbitraria. "Si lo entendemos factible, se hará", señaló López, que insistió en que la decisión solo se adoptará después de concluir un profundo análisis.
Ante la posibilidad de llevar el pleito más allá de la cuestión ventilada la pasada semana por el Alto Tribunal, el presidente de la Federación de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex), José Juan Bonny, se mostró rotundo: "Desde luego que sí". Las 31 empresas existentes hace trece años son ahora solo trece y las 142.192 toneladas producidas entonces se redujeron en la pasada campaña a 76.803.
La desaparición de productores no es achacable en su totalidad a esa actuación del Ministerio de Fomento -al cargo entonces del socialista José Blanco-, que impulsó la iniciativa de la Delegación del Gobierno de exigir la devolución de los 11,8 millones de euros por entender que se estaban inflando los costes del transporte. Existen otros factores, como el hecho de que los tomateros no tengan subvencionado ya el 70% de los fletes para el traslado de la mercancía al continente europeo, tal y como estableció un decreto del Ejecutivo central en tiempos de Rodríguez Zapatero.
"Hemos pedido que quiten esa frase de la disponibilidad presupuestaria", expuso Bonny sobre la negativa de Fomento a abonar las ayudas en dicha proporción. "Al final pagan lo que ellos quieren mientras llevan el AVE (tren de alta velocidad) de Madrid a Alicante, Almería o Albacete", lamentó el presidente de Fedex.
Por su parte, Jorge Gutiérrez, director de la oficina de PwC Tax & Legal Services en Canarias, destacó la negativa de los responsables del Gobierno central en las Islas a atender a las explicaciones de los productores hortofrutícolas cuando se desató la tormenta inspectora, allá por 2006. "No querían entender", señaló el abogado, quien aseguró que la causó sorpresa "la interpretación sesgada" de los funcionarios. El Ejecutivo central partió de un informe de la consultora Edei que, según explicó Bonny, "solo tenía en cuenta el transporte en seco, en lugar del refrigerado", más caro y que es el que requiere el tomate.
