El Gobierno de Canarias licitó obras en el primer semestre del año por un montante un 91% inferior al del mismo período de 2015. Para contextualizar este porcentaje basta con apuntar que supone la mayor caída del país. En otras palabras: ni uno solo de los restantes 16 ejecutivos autonómicos ha reducido tanto la suma de los trabajos que saca a concurso como el de las Islas. De hecho, el Gobierno regional había sido entre enero y junio del año pasado, aún con Paulino Rivero al frente, uno de los que habían licitado obra pública por mayor importe (en concreto el cuarto); en cambio, en los seis primeros meses de 2016 fue uno de los cinco (también el quinto) que sacaron trabajos a subasta por menor cuantía.
Así lo ponen de manifiesto las últimas estadísticas de Seopan, la asociación que aglutina a las grandes empresas constructoras españolas. En el semestre inicial de 2015, el Ejecutivo que todavía presidía Rivero licitó obras por una cantidad que superó los 140 millones de euros. En el mismo período de este año, esos 140,1 millones se redujeron a menos de 12,7 millones de euros, una caída de, exactamente, un 90,9%.
Hay que agregar, sin embargo, dos datos: por un lado, que solamente tres comunidades se libran de los recortes (Castilla y León, La Rioja y Andalucía); por otro, que entre enero y junio de 2015 apenas fueron otras tres (Madrid, Cataluña y País Vasco) las autonomías que sacaron trabajos a concurso público por un montante superior a los 140 millones de euros de Canarias, tres regiones que, además, son los motores económicos del país y cuyos presupuestos, por tanto, para sí quisiera el Gobierno que hoy dirige Fernando Clavijo.
Convenio paralizado
Desde la Consejería de Obras Públicas y Transportes, que lidera Ornella Chacón, explicaron ayer que uno de los principales motivos de este drástico decremento es la paralización de las inversiones en carreteras. No en vano, la licitación de trabajos en la red viaria depende en alto grado del convenio con el Gabinete estatal, un acuerdo cuyo "incumplimiento" viene denunciando desde hace años el Ejecutivo de las Islas y cuya nueva versión no podrá suscribirse hasta que el próximo Gobierno central se ponga en marcha.
En consecuencia, y aunque la consejera Chacón tiene ya hecha su parte de la tarea y lleva meses insistiendo en la importancia de que el nuevo convenio se rubrique "cuanto antes" (la idea inicial era que se firmara a mediados de este año), la situación política nacional mantiene aplazadas sine die las negociaciones.
Además, las fuentes del departamento autonómico expusieron que los reveses que han tenido las obras programadas en el muelle de Playa Blanca (el proceso de licitación tiene que volver al principio por dictamen del Tribunal de Control Público) y en el puerto de Corralejo (en este caso paralizadas) también están detrás de ese sensible deterioro de las cifras. Así pues, la consejería ha tenido que centrar los pocos recursos con que cuenta en trabajos de menor entidad, como, por ejemplo, un plan de embellecimiento portuario, aunque intentando, en la medida de lo posible, que todas las islas se beneficien de las actuaciones. Hay que puntualizar, eso sí, que también las consejerías de Sanidad y Educación tienen un peso notable en el volumen de la licitación pública.
Esa caída de prácticamente un 91% se suaviza algo si la lupa se pone sobre los datos correspondientes a los períodos que discurren entre julio de 2014 a junio de 2015 y desde julio de 2015 a junio de este año. En ese primer período de doce meses, el Ejecutivo del Archipiélago sacó a subasta obras por una suma total de 165,3 millones de euros, mientras que solo fueron 25 millones entre julio del año pasado y junio de 2016, de modo que la caída es en este caso de un 85%.
Si se tiene en cuenta el importe de las licitaciones de toda la Administración pública (Gabinete estatal, Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos), los trabajos que esta sacó a concurso en el primer semestre del año llegaron a cerca de 170 millones. Una cuantía, exactamente 169,9 millones de euros, un 42% inferior a la de enero-junio de 2015, cuando el total ascendió a casi 293,4 millones. Esta notable reducción solo fue mayor en dos regiones: la Comunidad Foral de Navarra (-80%) y Castilla-La Mancha (-50%).
La propia Seopan ya avisó en mayo del año pasado que las autonomías habían incrementado en extremo sus licitaciones en coincidencia con los comicios que se habían celebrado ese mes. Según se informó entonces, el Ejecutivo, aún con Rivero, sacó a concurso proyectos en los cuatro meses previos a las elecciones "por 108 millones de euros, importe que multiplica por más de 11 al de un año antes".
