Uno de cada cuatro canarios vive del erario público. O lo que es lo mismo: uno de cada tres mayores de 16 años (en edad de trabajar) cobra del entramado institucional. Un conjunto de ciudadanos que percibe mensualmente de la Administración y que crece mientras se reduce el número de quienes contribuyen al sostenimiento del sistema. De hecho, ya son cerca de 600.000 quienes en el Archipiélago perciben ingresos de los fondos públicos estatales, autonómicos o locales, tal como ponen de manifiesto los datos de los ministerios de Hacienda y de Empleo y el Instituto Nacional de Estadística (INE). Basta citar que esas casi 600.000 personas representan el equivalente a la población de las dos capitales del Archipiélago juntas, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, y que suponen un 15% más que en 2008, cuando no eran pocos los que creían que la crisis no duraría.
Son 560.744 (aproximadamente uno de cada tres de los 1,8 millones de canarios mayores de 16 años) los que integran la nómina pública, es decir, los que tienen como principal o única fuente de ingresos el sector público, ya sea el estatal, el autonómico (el Gobierno de Canarias y sus entidades dependientes) o el local (los cabildos y ayuntamientos). La mayor parte de esa nómina la integran los pensionistas, que suman 300.807. Tras estos figuran los funcionarios o empleados públicos, que son 140.500, y los parados que aún tienen derecho a percibir la prestación por desempleo, que casi llegan a 120.000 (119.437). Todos ellos, esos 560.744, son un 15% más que en 2008, el primer año de crisis económica, cuando la nómina pública solamente la integraban en la región 486.908.
Los datos del INE y de los ministerios que dirigen en funciones Cristóbal Montoro y Fátima Báñez revelan que se han producido incrementos en las tres categorías de personas que cobran del erario. Los casi 301.000 pensionistas (cifra que incluye tanto a quienes perciben la jubilación como a quienes reciben pensiones de viudedad, de orfandad, por incapacidad permanente o en favor de familiares) son prácticamente un 27% más que en el año que marcaría el antes y el después de las estrecheces. También han aumentado los parados con prestación, pero apenas un 8,3%, unos 9.000 más. La razón de que hayan aumentado tanto el paro y tan poco quienes siguen cobrando prestación se debe a la cronificación del desempleo, lo que ha desembocado en que sean muchos quienes llevan tanto tiempo en la cola del INEM que incluso han perdido ya derecho a percibir el paro.
Más llamativo es el caso de los funcionarios. Cuando desde la política se empezó a reconocer que la crisis se dilataría en el tiempo, allá en 2009, los mensajes acerca de la necesidad de aligerar las plantillas públicas no dejaron de repetirse. Sin embargo, y una vez ha quedado atrás lo más duro del largo periodo de estrecheces, la plantilla pública, cuando menos en conjunto, no solo no se ha reducido, sino que incluso ha aumentado. Las 140.500 personas que hoy integran la plantilla del sector público en la Comunidad Autónoma, según los datos de la última Encuesta de población activa, eran 1.500 menos a comienzos de 2008.
Menos afiliados
Este sensible aumento contrasta sobremanera con el decremento del conjunto de ciudadanos que contribuyen al sostenimiento del sistema y, por tanto, al pago de la nómina pública. Frente a quienes viven del erario, que han aumentado el susodicho 15%, los afiliados a la Seguridad Social han disminuido un 8,3%. A comienzos de 2008, los afiliados sumaban en la región casi 790.000, incluidos aquí los afiliados al régimen general de la Seguridad Social y también aquellos que cotizan en otros regímenes, mayoritariamente los trabajadores autónomos. En la actualidad, esas cerca de 790.000 personas son menos de 724.000, unas 66.000 menos. Para comprender lo escaso de la cifra basta con apuntar que tan solo representa un 40% de los casi 1,8 millones de canarios con más de 16 años, es decir, con edad para trabajar.
En esas 724.000 personas que contribuyen a la hucha común están incluidas las alrededor de 140.000 que trabajan precisamente para el Estado, para la autonomía o para las entidades locales (cabildos y ayuntamientos). Así pues, los asalariados y los trabajadores autónomos, en definitiva quienes se emplean en el sector privado, son menos de 600.000 personas (alrededor de 584.000), de modo que son 584.000 canarios los que verdaderamente sostienen esas 560.744 nóminas públicas que hay en las Islas.
Precisamente en esto viene insistiendo en los últimos meses la patronal, en ese escaso número de trabajadores del sector público que sostiene la economía autonómica. La CEOE ya avisó en mayo de que en Canarias apenas 674.100 personas sostienen de una manera u otra a los 2,1 millones habitantes, lo que supone una relación de 3a 1, es decir, que cada trabajador del sector privado sostiene a dos habitantes, además de a sí mismo. El cálculo de la patronal eleva la cifra de mantenedores a esos 674.000 porque no parte de la cifra de afiliados, sino de la de ocupados; sin embargo, los ocupados de la EPA no necesariamente están afiliados y efectivamente contribuyen.
