La Inspección de Trabajo afloró 5.397 empleos sumergidos en Canarias en 2016, una cifra sensiblemente superior a la registrada un año atrás, cuando la lucha contra el fraude detectó 3.905 trabajos en negro. Los datos ponen de manifiesto que desde 2011 se han descubierto en las Islas más de 26.500 empleos fuera de la ley, siendo el número del último ejercicio el más alto desde 2011. Los inspectores destapan, principalmente, casos relacionados con la ausencia de altas en la Seguridad Social, la recepción de una prestación incompatible con el empleo, o la actividad de extranjeros sin permiso de trabajo. El órgano administrativo busca intensificar el combate contra la precariedad laboral y la economía sumergida, un cometido para el que reforzará su plantilla con la ampliación de competencias a 45 subinspectores del Archipiélago y la creación de una nueva escala de agentes de control a nivel nacional, quienes se sumarán a los 92 inspectores que en la actualidad intervienen en materia laboral en las Islas.
El director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guindín, destacó ayer en rueda de prensa que el Ejecutivo regional, en coordinación con el Estado, llevará a cabo 25.548 inspecciones que generarán más de 60.000 actuaciones al cierre del ejercicio. Cerca de 9.000, en concreto 8.745, están destinadas precisamente a aflorar la economía sumergida. De éstas, 2.500 actuaciones irán dirigidas a la hostelería, 1.600 al comercio, 805 al sector servicios y 710 a la construcción. Guindín puntualizó que los resultados obtenidos en ejercicios anteriores permite a la Inspección de Trabajo focalizar sus esfuerzos a las áreas donde más fraude se detecta. Los más de 5.000 empleos en negro detectados en 2016 es la cifra más alta de los últimos seis años, tal y como demuestra la serie registrada desde 2011, cuando se afloraron 4.830; 3.841 en 2012; 3.989 en 2013; 4.627 en 2014, y 3.905 en 2015.
Un plan integral
Las inspecciones que se llevarán a cabo a lo largo del presente ejercicio están enmarcadas dentro de un plan integral dividido en un apartado programático y otro organizativo. La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas del Ejecutivo regional, dirigida por Cristina Valido, destaca que el número de actuaciones previstas en materia laboral supone un incremento del 6% con respecto al año pasado. El objetivo del departamento, que trabaja en coordinación con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, es potenciar un empleo de calidad que garantice condiciones de igualdad, seguridad, salud y protección social.
Por eso, además de las 8.745 inspecciones encaminadas a la detección de trabajos en negro, se llevarán a cabo 5.520 sobre seguridad en el trabajo con el fin de reducir la siniestralidad laboral. Otras 4.765 tendrán lugar en materia de empleo y relaciones laborales, de las que 2.000 órdenes buscarán comprobar la legalidad de los contratos y 1.235 evaluar las condiciones de trabajo. El director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social recalcó, en este sentido, que no se penaliza el contrato parcial, pero sí el uso fraudulento del mismo cuando se trata de encubrir tras la firma de ese documento un trabajo de jornada completa. Y lo mismo ocurre con el empleo del contrato temporal, "porque un abuso de ella es una abuso del derecho del trabajador", matizó. A esto se suman las inspecciones dirigidas a controlar el fraude a la Seguridad Social y el empleo no declarado, que en principio serán 4.937.
En Canarias intervienen en materia laboral 92 inspectores y subinspectores. El año pasado se realizaron 27.277 actuaciones, 2.377 más de las programadas en un principio. Para llevar a cabo las inspecciones planteadas para este ejercicio, la Inspección de Trabajo ha reforzado los recursos humanos destinados a ellas. En consonancia a este fin, se han ampliado las competencias de los subinspectores laborales de la escala de Seguridad Social y Empleo, ya que antes no podían controlar los contratos de trabajo temporal ni los de tiempo parcial y a partir de ahora sí. De este modo, los 800 efectivos que hay a nivel nacional de este rango -de los que 45 se encuentran en Canarias- van a poder examinar este tipo de trabajo. "Aumentamos, por tanto, considerablemente los esfuerzos", insistió Guindín.
También se crea una nueva escala, la de los subinspectores laborales especializados en Seguridad y Salud Laboral. Estos efectivos tienen que ser arquitectos, ingenieros o licenciados de Ciencias de la Salud. La previsión es que a final de año o principio del ejercicio siguiente se incorporen 50 efectivos a nivel nacional, por lo que la Consejería de Empleo busca que el mayor número de éstos recalen en el Archipiélago.
Por otra parte, Guindín anunció la creación de una nueva figura administrativa dependiente del área dirigida por Valido, la Autoridad Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad, y la constitución de la Comisión Operativa Autonómica, presidida por la propia consejera de Empleo, para identificar con mayor eficacia los aciertos y errores en las campañas de inspección y poder, así, adoptar siempre las medidas más idóneas.
En el nuevo modelo de inspección, uno de los pilares básicos es el fomento del cumplimiento voluntario de las normas, un modus operandi que busca ir más allá de la actividad sancionadora. Guindín subrayó, además, la necesidad de potenciar la colaboración entre los diferentes agentes sociales, tanto de las empresas como de los sindicatos, en la elaboración del plan y seguimiento de los resultados. En este sentido, Valido remarcó la importancia que también tiene la actitud de los clientes, puesto que si éstos no demandan bienes o servicios de una compañía que actúa de forma irregular, la empresa, a su juicio, emergerá y dejará de ejercer una competencia desleal.
