El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) concentra en tres juzgados de las Islas las reclamaciones por cláusulas suelo para aliviar la sobrecarga del resto de órganos judiciales. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuso a principios de febrero que cada provincia contase con un juzgado especializado en litigios por hipotecas para hacer frente al aluvión de demandas que se ha producido tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del último diciembre, una resolución que obliga a la banca a devolver todo lo cobrado de más por ese concepto sin límite de retroactividad. En Las Palmas, los órganos que han sido designados para tal fin por sorteo han sido el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Las Palmas de Gran Canaria y el número 1 de Arrecife. En Santa Cruz de Tenerife, en cambio, solo concentrará esta labor el Juzgado número uno de La Laguna.
El Gobierno central aprobó el real decreto de medidas urgentes de protección de consumidores a finales de enero. Con éste, el Estado estableció un cauce extrajudicial para resolver los conflictos que se plantearan sobre cláusulas suelo. Aun así, el Poder Judicial consideró que sería significativo el número de demandas que se presentaría en relación a cláusulas abusivas y planteó la toma de nuevas medidas.
La Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) estimó, tras el fallo de la Justicia europea, que en el Archipiélago hay entre 90.000 y 100.000 canarios pueden reclamar a sus bancos el reembolso de las cantidades cobradas a través de esta cláusula abusiva. La devolución que tendrán que efectuar las entidades financieras puede alcanzar, según los cálculos realizados por esta misma organización, los 210 millones de euros.
La centralización de todas las demandas relacionadas con abusos bancarios en tres juzgados es interpretada de diferente forma por los abogados de las Islas. El letrado Eugenio Rodríguez entiende que se trata de una buena noticia porque así se van a unificar los criterios en las resoluciones, con lo que desaparecerán “sentencias contradictorias” para casos del mismo tipo. Explica, por ello, que este aspecto dará mayor seguridad jurídica sin ?que exista el peligro de que un solo juez decida sobre estos casos, pues las decisiones las pueden supervisar la Audiencia Provincial.
Rodríguez expone, además, que el Juzgado de Primera Instancia número 6 de la capital grancanaria, cuyo titular es el magistrado Tomás González Marcos, es rápido y cuenta ya con sentencias favorables para los consumidores.
El abogado Miguel Vieito cree, en cambio, que es “absurdo” que un solo juez acapare en cada provincia española las demandas bancarias porque desde que en un procedimiento se falle a favor de la banca, los clientes de las entidades financieras ya saben que todas las resoluciones, en ese sentido, van a ser negativas.
Jueces de refuerzo
La opinión del letrado Javier Guerra Padilla es muy similar. Bajo su punta de vista, no es entendible además que se trate a Canarias con las mismas condiciones que a otras comunidades autónomas. El Archipiélago, al constituir un territorio fragmentado, no ofrece facilidad de desplazamiento para los abogados, clientes y procuradores. “En el caso de Las Palmas, solo los de Fuerteventura saldrían perdiendo”, apunta, porque los consumidores afectados y sus representantes legales de esa isla tienen que viajar en barco o en avión para asistir a la celebración del juicio.
Para Guerra Padilla, esta medida “no solucionará nada” porque los juzgados que se especialicen en demandas de cláusulas abusivas se colapsarán, ya que éstas se suman a otros procedimientos en marcha. A su juicio, “lo más conveniente” es colocar a jueces de refuerzo que se dediquen solo a tratar estas demandas, celebrando incluso juicios por la tarde.
