Los representantes de los trabajadores de Seguridad Integral Canaria (SIC) no se fían. Insisten en sus sospechas de que la retirada de la empresa del negocio de la vigilancia presencial es una maniobra que encubre la intención de pasar al personal a empresas que pagan menos a sus trabajadores y que ellos sitúan en la órbita de Miguel Ángel Ramírez. El lunes tienen una cita con el vicepresidente y administrador único de la empresa, Héctor de Armas, que les detallará el alcance de la reestructuración como hizo el martes con el comité de empresa de Santa Cruz de Tenerife.

Los recelos de los sindicalistas cobraron mayor brío ayer tras ver frustrado el encuentro que iban a tener con De Armas a primera hora de la mañana. La empresa lo achacó a un malentendido y aseguró que la dirección tiene el máximo interés en hacer partícipes a los sindicatos de la situación, por lo que hoy mismo cursará la convocatoria para reunirse con ellos en el inicio de la semana próxima.

No obstante, el secretario de Comunicación de CCOO-Canarias, Fernando Torres, mostró ayer su temor a que tras la retirada de SIC aparezca Sinergias. Ramírez ha señalado en más de una ocasión que no tiene nada que ver con esa compañía ni con Marsegur, mientras que los sindicatos afirman que se comprobará toda vez que se inicien las cesiones de los servicios.

Por otro lado, los representantes de los trabajadores señalaron que la decisión de comunicarles ahora el cambio de rumbo supone una carga de profundidad contra la convocatoria de huelga del próximo 7 de septiembre para los empleados de la provincia de Las Palmas de las empresas SIC, Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad.

Entre los motivos para el paro, los sindicatos CCOO, UGT. IC, AS y USO esgrimen retrasos en los pagos e incumplimientos de sentencias judiciales que prohíben pagar "sueldos de 800 euros", según reza el cartel de la convocatoria.