Canarias busca trasladar el abaratamiento del transporte a los desplazamientos en guagua. El objetivo que persigue el Ejecutivo regional con la reducción del coste de los billetes en los viajes por carretera no se ciñe únicamente al fomento del uso del transporte público, sino que también alcanza a la consecución de la modernización del sector apostando por la eficacia y eficiencia del mismo. El Ministerio de Fomento destina un 80% de su presupuesto a las redes ferroviarias de la Península, por lo que el Gobierno canario considera que negociar un aumento de la partida para el transporte terrestre de las Islas en las cuentas generales para el próximo año es una "reivindicación justa" dado que el Archipiélago no se beneficia "en nada" de la fuerte inversión en tren.
La entrada en vigor del incremento del descuento del 50% al 75% para los residentes canarios en los billetes de avión y barco entre islas a finales de junio dio paso a una nueva realidad en la movilidad isleña. Volar o desplazarse por mar es, desde entonces, más económico que cubrir en guagua determinados trayectos sin abono. El vicepresidente del Ejecutivo regional y consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, asistió ayer en Baleares a la inauguración de la primera cumbre sobre el transporte de territorios extrapeninsulares, a la que acuden los dos archipiélagos españoles y las dos ciudades autónomas con la intención de cimentar un frente común ante la Administración central para lograr que sean mejor atendidas sus demandas en materia de movilidad.
Rodríguez confía en que el Estado apoye al Ejecutivo regional con una aumento de la financiación del transporte terrestre en las cuentas generales del próximo año, aún pendientes de aprobación. "Es uno de los asuntos que hemos priorizado", explicó el vicepresidente y consejero, quien confía en que la negociación mantenida con el Gobierno central sobre este apartado se materialice. "Esperamos que así sea; es una subida importante y significativa", subrayó.
El encuentro sobre el transporte arrancó con la recepción que ofreció la presidenta de la región balear, Francina Armengol, a las delegaciones de los cuatro territorios citados en este encuentro, entre las que también se encuentran representantes de las principales compañías aéreas, marítimas, terrestres y asociaciones del transporte. Hoy continúa la reunión con diferentes mesas de trabajo en las que Rodríguez, además de defender la necesidad de abaratar el coste de viajar en guagua en las Islas, expondrá las medidas para abaratar los precios aéreos entre Canarias y la Península que recoge un informe encargado por el Gobierno.
El abaratamiento del coste de la movilidad entre los territorios insulares y la Península centrará el grueso de esta jornada, ya que tanto Canarias como Baleares aspiran a alcanzar un 75% de descuento para los residentes de estas dos regiones. En la actualidad la bonificación es del 50% y ambas regiones quiere que se equipare a los ciudadanos de los territorios alejados a los de la Península.
El consejero de Transportes reconoce que el coste del billete ha bajado mucho en los últimos doce años "porque los canarios se han acostumbrado a sacarlo con antelación", pero insiste en que esa caída, motivada por esa previsión de los isleños, es aún insuficiente, sobre todo cuando surge la necesidad de viajar de un día para otro. "Tenemos un sobrecoste por ser una región alejada y estamos hablando de tener las mismas oportunidades para poder moverse entre comunidades autónomas", esgrimió.
Otras de las vías que baraja el Ejecutivo para conseguir una reducción en el precio del billete es la bonificación del 100% de las tasas aéreas que paga el pasajero, tal y como ocurre en los desplazamientos entre Azores y Portugal.
Rodríguez espera que del encuentro -en el que también se abordará la necesidad de un nuevo modelo de gestión aeroportuaria que incluya la participación, en un mayor grado, de las comunidades autónomas- surja un documento marco que sirva para hacer presión en Madrid y obtener una respuesta más efectiva a sus planteamientos. A su juicio, las demandas, más que factibles, son "de justicia" para equilibrar los derechos de movilidad de los residentes y empresas de estos territorios con los del resto del Estado.
