Los 46 años y 6 meses de la vida política de Domingo González Arroyo se apagaron ayer en tan solo 15 minutos. El conocido como El Marqués perdió sus dos únicos cargos institucionales que todavía ostentaba: consejero del Cabildo de Fuerteventura y vicepresidente del Parque Tecnológico de Fuerteventura. Con un cuarto de hora de diferencia las citadas instituciones celebraron sendas sesiones donde acordaron el cese del veterano político justificado por la condena a nueve años de inhabilitación por un deliro continuado de prevaricación. Ni Arroyo ni su compañero de partido Jerónimo Soto, también afectado por la misma sentencia, acudieron al pleno de la Corporación insular.
Por unanimidad. Este fue el veredicto de la votación de los miembros tanto del Cabildo como del Parque Tecnológico. Si bien en la sesión cabildicia la portavoz del PP, Águeda Montelongo, planteó sus dudas respecto a aplicar el proceso de votación para el cese de González Arroyo al entender que su salida de la institución era por imperativo legal. Sin embargo, el secretario general, Miguel Ángel Rodríguez, aclaró que era el pleno de la Corporación el que debía aprobar el cese.
La Corporación remitirá hoy el acuerdo plenario a la Junta Electoral solicitando que se envíen las credenciales de consejero insular a los siguientes de la lista del PP Majo, que corresponden a Fernando Méndez y Lidia Jaime.
El abandono de la política de Arroyo no es ni voluntario ni casual. El origen ha sido la condena a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. La sentencia también afecta a un consejero del Partido Progresista Majorero (PPMajo), la formación que creó Arroyo tras su expulsión del Partido Popular (PP), Jerónimo Soto, aunque éste había pedido con anterioridad a la sesión plenaria su renuncia al acta.
La sesión plenaria del Cabildo de Fuerteventura tomó conocimiento del informe de la Junta Electoral Central donde se informaba que la inhabilitación de González Arroyo es incompatible para el desempeño de cargo público. La Junta Electoral considera que la causa de inelegibilidad establecida en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) afecta a los condenados por los delitos, entre otros, contra la Administración Pública "cuando la sentencia, aunque no sea firme, haya impuesto la pena de inhabilitación especial o de suspensión para empleo o cargo público".
El pasado 30 de mayo, días antes de las pasadas elecciones locales, el Juzgado de lo Penal número 2 de Arrecife, con sede en Puerto del Rosario, celebró el juicio oral contra González Arroyo, dos exconcejales y un técnico del Ayuntamiento de La Oliva a los que se acusaba de un delito de prevaricación. Arroyo volvió a ser investido alcalde de La Oliva, el pasado 13 de junio, 12 años después de haber perdido el cargo a manos de Claudina Morales en 2003.
El juez Santiago Romero Buck Arstard dictó sentencia el pasado 24 de junio condenando a González Arroyo a nueve años de inhabilitación para cualquier cargo relacionado con un Ayuntamiento. También condenó a los exconcejales y al técnico.
Podemos solicitó el pasado mes de enero la destitución de Arroyo tras su inhabilitación. Posteriormente, sería el PP el que también presentaría una moción en el mismo sentido.
