La Fiscal de Medio Ambiente, Clara Serrano Pardá, ha comenzado a tomar declaración a los funcionarios de Puertos Canarios para conocer de primera mano las causas que provocaron el siniestro medioambiental ocurrido en el muelle de Gran Tarajal tras el hundimiento de varias embarcaciones como consecuencia de los efectos del temporal Emma, que provocó el hundimiento de nueve gabarras.
Los primeros funcionarios del ente portuario autonómico en comparecer ante la Fiscalía fueron los dos oficiales del puerto sureño identificados como D. S. O. y F. I. V. G., quienes acudieron acompañados de un abogado grancanario. Por espacio de varias horas, relataron a la fiscal la situación que se vivió en Gran Tarajal el pasado 28 de febrero, así como el día anterior donde los equipos de emergencias y agentes de la Policía Local de Tuineje tuvieron que esforzarse para salvar la vida de uno de los dos tripulantes de las gabarras que había caído al agua por los embates de las olas contra el espigón del muelle.
En las próximas fechas continuarán desfilando ante la Fiscalía otros miembros de Puertos Canarios, entre ellos Oswaldo León, jefe de Explotación en Fuerteventura, aunque reside en Gran Canaria, así como responsables de la naviera y de la consignataria, aunque no se descarta también la comparecencia del consejero insular de Seguridad y Emergencias, José Roque Pérez, y del director general de Puertos Canarios, Manuel Ortega.
El ente portuario del Gobierno canario autorizó a finales del pasado año el atraque de diez embarcaciones de obra que procedían del puerto marroquí de Safi. Las dos primeros buques llegaron al muelle sureño el 26 de noviembre de 2017 y, posteriormente, amarraron otras ocho embarcaciones entre gabarras y remolcadores. Sin embargo, la llegada del temporal provocó el hundimiento de nueve embarcaciones con el derrame de combustible en el entorno marino.
Las investigaciones sobre este siniestro marino detectaron que el muelle de Gran Tarajal carece de un plan interior marítimo, protocolo para dar respuesta urgente a una situación de emergencias por contaminación marina. No solo la Guardia Civil se percató de la inexistencia de este plan sino que también los técnicos de emergencias del Cabildo de Fuerteventura, recogen en sus informes que el puerto sureño no disponía del citado plan para afrontar una emergencia.
Además, el Cabildo majorero ha reconocido que el Gobierno de Canarias nunca ha proporcionado medios para luchar contra la contaminación marina en el litoral insular, al tiempo que desconoce si existe en plan interior marítimo.
