El consejo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria dio ayer marcha atrás en la adjudicación del concurso para la vigilancia de sus dependencias y otorgó finalmente el contrato a la empresa Seguridad Integral Canaria, actual concesionaria del servicio. El gobierno insular del PSC y NC tomó esta decisión tras conocer los nuevos informes técnicos, uno de ellos realizado por un especialista en seguridad acreditado por el Ministerio del Interior.
Fuentes de la institución explicaron que el consejo aceptó parcialmente el recurso presentado por Seguridad Integral Canaria y paralizó la adjudicación provisional del contrato a la empresa Serramar, realizada el 8 de marzo por la consejera de Presidencia, Encarna Galván. La admisión del recurso implica la adjudicación directa a la entidad reclamante.
El acuerdo de ayer pone fin al concurso público para la contratación de la vigilancia y seguridad del Cabildo, rodeado por la polémica desde el mes de julio de 2009, cuando los técnicos del Área de Régimen Interior elevaron un informe a la mesa de contratación en el que daban como ganadora a la oferta presentada por Serramar.
Tras varios recursos y aplazamientos, la consejera Encarna Galván solicitó un nuevo dictamen a los Servicios Jurídicos del propio Cabildo, cuyo letrado jefe, Carlos Trujillo, elevó el 18 de febrero de este año un informe que contradecía las valoraciones de los funcionarios de Régimen Interior. A juicio de Trujillo, la empresa ganadora debía ser Seguridad Integral. No obstante, Galván otorgó la adjudicación provisional a Serramar, lo que dio origen al recurso fallado ayer y a un cruce de acusaciones entre ambas empresas, así como a un expediente a dos funcionarios del Cabildo.
