La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Las Palmas, Esperanza Ramírez, ha anulado el contrato de adjudicación de la obra del centro comercial y de ocio de Santa Brígida, actualmente paralizado por otra sentencia judicial y obliga al Ayuntamiento a retrotraerse a 2003, cuando la obra fue otorgada a una UTE. Además, el inmueble está a la espera de un recurso en el Tribunal Supremo y todo el lío judicial que lo envuelve podría acabar con su demolición y con la indemnización de la empresa que la construía, dijeron fuentes municipales.
La sentencia declara "la nulidad del contrato de adjudicación en favor de la UTE y de cuanto se haya desarrollado y/o ejecutado de dicho acuerdo, como es la aprobación del proyecto de ejecución de obra y el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de concesión de la licencia de obra". El fallo señala que "la nulidad de la licencia derivaría de la propia nulidad de la Modificación de las Normas Subsidiarias" del Ayuntamiento de Santa Brígida, decretada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Tras casi dos años parado, el edificio puede ser demolido y la UTE indemnizada.
La concejala de Urbanismo de Santa Brígida, Amalia Bosch, dijo ayer que "lo que hace la jueza es ordenar al Ayuntamiento que se pronuncie sobre la procedencia de revisar la licencia que dio en su día, pero no entra en el fondo". Bosch recordó que hay un recurso contra del centro en el Tribunal Supremo que puso un particular, "lo que nos ha impedido revisar y modificar las normas y tocar el planeamiento. Lo que tenemos que hacer es pedir una aclaración al Juzgado porque estamos paralizados por el Tribunal Supremo y no podemos tocar nada".
