El caso Faycán aún no ha escrito, ni mucho menos, su última página. Cuando todo el mundo daba por hecho que el juicio contra las 37 personas que siguen imputadas en esta trama de corrupción municipal se celebraría este año, sale ahora a la luz pública un auto, emitido hace tan sólo 13 días, que da a entender claramente que queda Faycán para rato.

Las primeras pesquisas se iniciaron en agosto de 2005, cuando la empresaria María Luz Navarro denunció que había sido objeto de un presunto cohecho por parte de Francisco Gordillo, ex asesor de la malograda concejala María Antonia Torres. Han pasado ya casi cinco años de aquella primera comparecencia, y las pesquisas desarrollada por la Brigada Provincial de Información, los respectivos jueces que han estado al frente del Juzgado número 3 de Telde -como mínimo cuatro- y el trabajo del fiscal Anticorrupción, Luis del Río, han dado paso a un extenso sumario, ramificado en infinidad de piezas separadas.

Un paso importante en la instrucción se produjo en febrero de 2009, cuando el magistrado Francisco Javier García transformó en un procedimiento abreviado todas las diligencias hechas. En junio de ese año, el fiscal solicitó una batería de diligencias, que sólo fueron atendidas en parte. El caso es que viene a ser ahora, un año y pico después de aquel escrito, cuando Juan José Suárez Ramos, el actual responsable del Juzgado donde se lleva la causa -y quien además no lleva mucho tiempo en esta plaza- ordena que se practiquen una veintena larga de aquellas diligencias pedidas por Del Río para proseguir con la instrucción.

El auto que, de facto, supone el despertar de la causa tras muchos meses de hibernación fue emitido el 15 de julio. Entre otras cosas, en él se pide que se practique una prueba pericial sobre el concurso de la obra de un vallado adjudicado por Torres, se requieren numerosos datos de cuentas corrientes a diferentes bancos, al PP y al propio Ayuntamiento de Telde y se solicita a varios imputados -entre ellos Francisco Gordillo y María Eugenia Fernández- que aclaren ingresos en sus cartillas.

Al tiempo que se demore la respuesta a estas solicitudes habrá que añadir la presentación del escrito de acusaciones del fiscal y la necesidad de buscar una fecha en la Audiencia Provincial para fijar el juicio. Lo normal es que éste no se celebre antes de las elecciones de mayo.