Los juzgados siguen marcando la pauta política en Telde. Una querella presentada por el actual grupo de gobierno (NC, PSOE y CCN) contra la segregación y subasta de una parte de la parcela P-1 de La Mareta, junto a la fachada sur de Alcampo, se ha saldado con una nueva imputación al ex alcalde Francisco Valido. Al ex regidor del PP se le imputa un presunto delito de prevaricación al encabezar la Junta de Gobierno que en 2005 bendijo esta operación y con esta son ya cuatro las causas en las que está inmerso si se recuerdan Faycán, Calero y el edificio de Jinámar. En estas dos últimas, al igual que en el caso de La Mareta, su alusión en los juzgados obedece al papel jugado como miembro de un órgano, el de la Junta de Gobierno, del que formaban parte otros ediles.

De hecho, en esta última causa también se les imputa el cargo de prevaricación a los ex concejales José Suárez (PP) y Raquel León (Ciuca), al igual que a los ediles Carmelo y Guillermo Reyes, también de Ciuca. El ex titular de Urbanismo acumula ya también imputaciones en siete casos y todos ellos han sido citados a declarar la próxima semana ante la jueza Natalia Bayoll, que lleva el asunto en el juzgado número 4 de la ciudad. En realidad, Valido acudió ayer a la citada sede judicial para solicitar que se pospusiera su interrogatorio con el ánimo de estudiar el expediente.

Tras este trámite, el ex alcalde señaló que se sentía de nuevo "triste al ver cómo se sigue judicializando la vida política de Telde". Valido afirmó tener "la conciencia tranquila porque todo lo que aprobé en Junta de Gobierno se hizo con informes técnicos y jurídicos favorables".

"Me gustaría que se hablase de cosas positivas. Parece que la política se hace ahora en los juzgados y cada vez tengo menos ganas de volver al ruedo. Si me he metido en esto ha sido para hacer cosas, no para pelearme con todo el mundo", concluyó.

Nunca llegó a desvelar qué quería hacer en estos terrenos, los mismos en los que se concentró la mayor parte de la edificabilidad de la parcela matriz, pero cuando pidió licencia para realizar los movimientos de tierras se la denegaron. Luego cambió el gobierno y el tripartito entendió que la división de la parcela se había hecho de forma ilícita. La subasta se anuló tras una revisión de oficio en 2008. Y ahora el gobierno ha llevado el caso a los tribunales.