Primero fueron los expedientes de regulación de empleo (ERE) y ahora el Ayuntamiento de Gáldar pone en marcha un drástico recorte salarial a toda su plantilla. El alcalde, Teodoro Sosa, sacó anoche adelante sin el apoyo de la oposición y por la vía de urgencia en el pleno ordinario la extinción del complemento de productividad, a la vez que dejará de aplicar el convenio laboral y anula el de los funcionarios hasta 2015, dejando en suspenso el pago de horas extra, nocturnidad y prestaciones sociales como las ayudas escolares y premios de permanencia, entre otros muchos conceptos, que suponen cada año a las arcas municipales un coste global de casi 345.000 euros. En una semana negociará con los sindicatos.

Hay trabajadores que cobran hasta 700 euros por productividad, al margen de su sueldo, sin trabajar más; y la Policía Local realiza ahora una media de 1.350 horas semanales cuando tendría que hacer 1.826 euros por acuerdo. Teodoro Sosa justificó con argumentos de estas características la drástica medida tomada por su grupo de gobierno, que trata a marchas forzadas de reducir el coste salarial para poder entrar en el plan de ajuste estatal y cumplir con "el equilibrio presupuestario".

Las medidas adoptadas contemplan la extinción del complemento de productividad, "que se está aplicando de forma fija y no ligada a fines" entre sus beneficiarios. Este capítulo supone al Ayuntamiento un total de 117.318,48 euros anuales.

Además, Gáldar dejará de aplicar el convenio del personal laboral, y anula de forma temporal desde este mes hasta el 31 de diciembre de 2014 el de funcionarios. En este último caso, Sosa habla informes que señalan que este último acuerdo se puede considerar "nulo". Pero, a pesar de todo, anuncia que pedirá la opinión del Consejo Consultivo y anuncia que negociará con los sindicatos el próximo viernes.

En la práctica, la paralización de los convenios pone en suspenso pluses como las horas extra, la nocturnidad, el premio de permanencia, ayudas al estudio y auxilio por larga enfermedad, que cuestan casi 228.000 euros al año. La medida afecta especialmente a la Policía Local que, según dijo, cobra extras cuando hace menos horas de las debidas. La oposición se opuso por falta de diálogo y por haber pagos con sentencia firme.