El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha pactado una tregua con los consejeros del Partido Popular (PP) para acabar el mandato sin peleas y aparentar normalidad en la gestión diaria de la institución, aunque también se muestra dispuesto a llevar el gobierno en solitario si pierde la confianza de sus ya excompañeros de partido. Éstos le siguen reclamando sin éxito que entregue el acta del PP y renuncie al cargo.
Tras un convulso fin de semana, en el que Bravo de Laguna formalizó su salida del PP y presentó su nuevo proyecto político, el gobierno insular inició ayer lunes su extraña convivencia hasta las próximas elecciones, un periodo en el que ambas partes tendrán que maniobrar para evitar fricciones. El primer consejo de gobierno se desarrolló sin sobresaltos y se aprobaron por unanimidad todos los asuntos incluidos en el orden del día. Los dos vicepresidentes del Cabildo, Juan Domínguez y Carlos Sánchez, resaltaron la "normalidad" de esa reunión y consideraron que ese pacto de no agresión se mantendrá hasta los comicios del 24 de mayo.
José Miguel Bravo de Laguna manifestó que no tiene intención de destituir a ninguno de los consejeros del gobierno insular. Su intención es mantener el bloque que le ha acompañado en el mandato a pesar de que la práctica totalidad de su equipo se mantiene en la disciplina del mismo PP que exige al presidente grancanario que entregue su acta de consejero. "Yo he cumplido fielmente y sigo cumpliendo todo lo que es el programa del PP, no he tenido indisciplina en ningún sentido y no me he ido a ninguna formación política", explicó. Otra cosa es lo que decidan sus compañeros, que podrían romper la baraja en cualquier momento.
La inacción de Bravo al respecto deja la papa caliente en el terreno de los populares, que meditan si dejar discurrir las ochos semanas que restan hasta los comicios de mayo u ordenar a los suyos que abandonen al jefe del Ejecutivo insular. Esta última opción daría más protagonismo al cabeza de lista de Unidos por Gran Canaria (UGC) en un momento en que los partidos calibran al milímetro las decisiones para no dar ventaja al rival. Por si había dudas, el presidente insular advertía ayer de que si se queda en soledad al frente del gobierno, "asumiría las competencias y seguiría tirando solo del carro del Cabildo".
Bravo de Laguna afirmó que nadie del que fue su partido hasta el pasado viernes se ha puesto en contacto con él en los últimos días y estimó como "una reacción lógica" que la presidenta insular del PP, Australia Navarro, le exija dejar la institución insular. "Yo quiero mirar para el futuro, que lo tienen ahí próximo los grancanarios y ellos son los que decidirán si vale la pena hacer este esfuerzo o no; el juicio de ellos sí que lo acataré plenamente", zanjó.
Instrucciones
Carlos Sánchez, vicepresidente segundo del Cabildo y portavoz del grupo del PP, aseguró que el consejo de gobierno se celebró con "absoluta normalidad" y confió en que "esa sea la tónica habitual" en los próximos dos meses. "Siguiendo instrucciones de la dirección del PP, nosotros vamos a seguir con las delegaciones y esperamos un normal funcionamiento del Cabildo, tal y como ha venido sucediendo en los últimos cuatro años", apuntó.
El portavoz popular dijo que "no quedan propuestas que requieran una mayoría cualificada del Pleno" y descartó que el presidente cambie de opinión respecto a lo que se ha aprobado hasta ahora. "No veo ningún asunto que genere controversia y que ponga en peligro la unidad de voto del gobierno", comentó Sánchez. Además de los 13 consejeros electos del PP y de los dos tránsfugas del CC-CCN, Juan Domínguez y Antonio Hernández Lobo, la práctica totalidad de los cargos públicos del Cabildo mantienen su fidelidad al partido, un total de 40 personas entre coordinadores, directores generales y asesores. Bravo de Laguna sí ha arrastrado a su nuevo proyecto a Aladino Suárez, el único consejero del PP que no tiene competencias en el gobierno. En el partido también se da por seguro que otros dos cargos eventuales seguirán con el presidente. Se trata del jefe del gabinete, Javier López de Urrutia, y de la coordinadora de Asuntos Exteriores, Cristina Cernousovaite.
"Prácticamente en un mes estaremos en campaña electoral y lo que debemos hacer es garantizar el normal funcionamiento de los asuntos diarios, informando al presidente de todos ellos, pero por supuesto siguiendo las instrucciones del PP de mantenernos en los cargos públicos a efectos de que la ciudadanía no se vea perjudicada por la decisión de José Miguel Bravo de Laguna", insistió Sánchez.
El vicepresidente primero, Juan Domínguez, también destacó la "total normalidad" en la reunión de ayer y declaró que, "tal como se ha anunciado, la vocación del PP es mantener la estabilidad y una eficaz gobernabilidad de la institución, tal como se ha hecho hasta ahora". Según adelantó, más que crear problemas a Bravo de Laguna, los representantes del PP van a "hacer un esfuerzo para que los asuntos que interesan a los ciudadanos, los de la gestión diaria, sea la prioridad absoluta, sin añadir cuestiones que entorpezcan la eficacia en las actuaciones.
