El Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria dejó ayer visto para sentencia el juicio contra dos guardias civiles de Santa María de Guía que supuestamente fingieron un accidente con el coche patrulla en diciembre de 2011, con la intención de obtener la baja y cobrar la indemnización del seguro. Alejandro R. H. y Samuel M. R. han negado que se pusieran de acuerdo con dos amigos del pueblo para simular el choque, pero la Fiscalía les acusa de estafa y ha reclamado un año de cárcel para Alejandro y dos años y medio para Samuel. También solicita esa última pena para Juan José C. P. y Yeray M. G. como presuntos cooperadores necesarios.
En cambio, las defensas, con los abogados Juan Sánchez Limiñana y Eduardo López Mendoza a la cabeza, reclamaron una sentencia absolutoria y reiteraron sus peticiones de nulidad del procedimiento, entre ellas las conversaciones grabadas en el interior del coche patrulla por Asuntos Internos de la Guardia Civil, las cuales suponen la base de la acusación formulada por el ministerio público.
"Resulta insólito que la Fiscalía pretenda sustituir las grabaciones originales por una copia sin garantía alguna de autenticidad e integridad minutos antes del juicio porque no encuentra las grabaciones originales", expuso Eduardo López en su informe final. La fiscal Sara Rodríguez apeló al principio de presunción de veracidad para presentar la copia, pues el CD original se ha estropeado y era ilegible. El magistrado lo admitió, pero dejó para la sentencia si procede o no invalidar esa prueba, tal y como solicitaron las defensas.
Limiñana también advirtió que no se debería aceptar la sustitución del CD, principalmente porque la fiscal se dirigió directamente a la Guardia Civil para que aportara una copia de la grabación y de las transcripciones, sin contar con la autorización de un juez. El abogado fue, además, al fondo del asunto. "Un guardia civil sigue cobrando su sueldo del Estado si está de baja, incluso cobran un poco menos, y nadie se dirigió a la aseguradora para solicitar una indemnización. ¿A quién se ha estafado aquí?, se preguntó Sánchez Limiñana en su informe final.
