El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana rebaja al 0,60% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para el próximo año. La carga impositiva para los vecinos ha bajado en tres décimas y, se prevé una segunda reducción para 2017 al 0,57%, tal y como permite el Estado. El catastro municipal no se revisa desde 1997.
Las políticas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy obligaron en 2011 a los ayuntamientos de España a incrementar en un 10% su impuesto de bienes inmuebles urbanos. Los vecinos de San Bartolomé de Tirajana pasaron de pagar un tipo impositivo del 0,57 al 0,63% en 2015. Ahora, que Hacienda ha dado un respiro a los consistorios y permite bajar el gravamen, San Bartolomé opta por escalonar su rebaja en dos años: tres décimas en 2016 y otras tres en 2017.
"Hemos preferido racionalizar de alguna manera la bajada del impuesto para asegurarnos el nivel de ingresos. Hay que tener en cuenta que este tipo de medidas toca de manera directa el techo de gastos y, por tanto, nuestra capacidad presupuestaria", explicó el alcalde Marco Aurelio Pérez, ayer en las casas consistoriales de Tunte. El municipio, además, se enfrenta después de casi 20 años a una revisión catastral que, si bien no implica, según Pérez, una subida de los valores de las viviendas y hoteles; "incorpora nuevas unidades al padrón" que hasta el momento se encontraban fuera del catálogo. El impuesto de algunos inmuebles se ha recaudado hasta ahora de manera errónea, pues algunos contribuyentes tributaban su propiedad como solar cuando en realidad se trata de un complejo de bungalós, explicó el munícipe. La iniciativa del gobierno municipal contó con el apoyo del grupo socialista y nacionalista en la oposición, pero con la abstención de los cuatro ediles de San Bartolomé También Puede y Unidos por Gran Canaria. Esta última formación destacó que una actualización del catastro "siempre" implica incertidumbre ante una posible subida de los valores de los inmuebles.
Una amplia representación de los residentes en el litoral del municipio, afectados por la Ley de Modernización Turística del Gobierno de Canarias , acudió al salón de plenos para mostrar su rechazo al Plan General Supletorio de Ordenación Urbanística que se encuentra en fase de aprobación inicial. A través de una moción presentada por San Bartolomé También Puede el colectivo pide que se suspenda la tramitación de dicho documento por limitar en su artículo 33. 6b el uso de la propiedad privada. Sin embargo, la propuesta no fue refrendada por el gobierno ni el resto de grupos de la oposición. "Estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión pero no en las formas. Y lo siento muchísimo, porque creo que nos encontramos ante un documento fallido que atenta contra la Constitución Española; pero no creo que ésa sea la solución. Lo que debemos hacer es ralentizar el proceso y modificar su contenido hasta que el Ejecutivo se pronuncie al respecto", aseguró la edil socialista, Pilar Grande.
