Mireia Cabrerizo no gritó "no al desalojo", "sí se puede" o "Dunia [González, alcaldesa de Santa Lucía], escucha, Sardina está en lucha", difícil por sus 19 meses de edad, pero desde su silla de paseo para bebés no perdió detalle ayer en Vecindario de la primera manifestación organizada por la Plataforma de Afectados por el Desalojo del Edificio Brisas de Sardina contra el desahucio solicitado por el Ayuntamiento sobre el inmueble, sin cédula de habitabilidad y propiedad del promotor Santiago Déniz. Entre 200, según la Policía Local, y 300 personas, a juicio de la organización, participaron en una protesta sin incidentes.
Empujada por su madre, Fátima Burgos, la pequeña recorrió desde las 11 horas la avenida de Canarias entre el sonido de silbatos, cacerolas, bocinas y una vuvuzela para evitar el desalojo de una urbanización en Sardina del Sur vivienda de, aproximadamente, 80 familias, con alquileres mensuales entre 250 y 290 euros. "Vinimos desde Linares [Jaén] porque mi suegro encontró trabajo de mecánico a su hijo y vivimos en el Brisas hace tres meses, ahora toca luchar", contó la joven andaluza, peluquera sin ocupación desde su embarazo.
También sin empleo, como otros muchos inquilinos, se encuentra el abuelo de Mireia, Rafael Cabrerizo, ataviado como su nuera con una camiseta blanca con las frases "no al desalojo" sobre el pecho y "en nombre de la seguridad no me dejen sin hogar" en la espalda. "Los mayores de 55 años estamos condenados a muerte, parados allí, parados aquí", se resignó el técnico de mantenimiento de maquinaria industrial, casi sin acento andaluz por su etapa catalana.
Detrás de un cartel con el lema NC, PSOE y Canarias Decide = desalojo masivo, Rafael achacó su mudanza en 2013 a la mejoría de los problemas de salud, tanto suyos como de su mujer, experimentados durante una visita a Gran Canaria. "Vine de vacaciones y me enamoré de Canarias, Sardina es un sitio perfecto y el pueblo canario es acogedor, pero no tiene nombre lo que me hace esta alcaldesa", lamentó Cabrerizo, sin trabajo durante el último lustro y con una ayuda pública de 426 euros.
A la espera de un subsidio se halla Adargoma Ojeda, diseñador gráfico en paro desde 2015 y uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados, ante el final en dos meses del contrato precario de su pareja, con cuyo hijo también comparte su piso en el Brisas. "Su sueldo y alguna ayuda de la familia dan para pagar el alquiler, comprar comida y poco más", explicó Adargoma, de 41 años y natural de la capital grancanaria, ante las pancartas de cabecera, con los eslóganes "no al desalojo de 100 familias en Santa Lucía. Pueblo sin derechos" y "este desalojo lo vamos a parar".
Entre el atuendo blanco de los afectados del Brisas destacaron los chalecos verdes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Gran Canaria, las camisetas moradas de Podemos, las pancartas rojas y negras de la Confederación General de Trabajadores (CGT) y la Asamblea de Parados de Canarias Autogestionaria (Apaga...y vámonos), entre otros colectivos participantes, y un par de banderas republicanas. Inquilino del Brisas desde junio de 2015, Ojeda definió como "muy extrema" la situación desde la solicitud municipal de desalojo el pasado noviembre: "Malcomes, porque se tranca el estómago, no duermes y estás en constante estado de alerta, estrés y nervios".
Micrófono en mano durante la lectura del manifiesto en la plaza de la Era, Adargoma Ojeda instó a la empresa a tramitar la documentación necesaria y al municipio a depurar responsabilidades por las "irregularidades" desde la solicitud de obra nueve años atrás, a desistir en su "amenaza" de desalojo y a buscar soluciones para las personas afectadas. "Un problema burocrático que deben solucionar Ayuntamiento y promotor se ha cargado a las espaldas de los vecinos, sin que ellos tengan culpa alguna, creándoles una situación de desamparo habitacional e incertidumbre sobre su futuro". Los aplausos y los gritos ("el pueblo, unido, jamás será vencido") finales transformaron las brisas en viento.
