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El PP y el PSOE de Teror tumban el pleno convocado por Nueva Canarias

La alcaldesa afirma que ayer se ha escenificado "la pinza de populares y socialistas" en la villa

El Partido Popular de Teror abandonó ayer el pleno solicitado por la alcaldesa de la villa, Isabel Guerra, de Nueva Canaria, que gobierna con el apoyo de los populares, al rechazar estos, junto con el PSOE, el calificativo de urgente con el que fue convocado.

A criterio de populares y socialistas, los tres puntos que demandaba aprobar Guerra: la cesión de una dependencias municipales para ubicar a la Guardia Civil; la ratificación como hijo predilecto de la villa al vicario Hipólito Cabrera; y la regulación de las condiciones de trabajo de la plantilla de la Policía Local, adolecían de informes preceptivos y el paso por las pertinentes comisiones informativas.

Sin embargo la alcaldesa sostiene que ninguno de los tres puntos lo requería, ya que "son asuntos que se aprueban con el sentido común y bastantes fáciles de resolver", para añadir que con esta convocatoria "quería evidenciar la pinza que han formado el PP y el PSOE en el Ayuntamiento de Teror".

Una corporación que desde hace meses vive una crisis de gobierno por el desencuentro entre los dos principales socios, PP y NC, después de que esta última formación denunciara un expediente urbanístico llevado a su aprobación por el PP y, que fue posteriormente archivado por el juez.

Para el PSOE, sin embargo los temas "ni son urgentes, ni pueden ser aprobados en las condiciones" que pedía Guerra.

Así, según el portavoz socialista en la villa, Gonzalo Rosario, la ratificación del hijo predilecto, "con la estamos totalmente de acuerdo", tiene que pasar previamente por la comisión de honores y distinciones porque su decisión es vinculante. "De tal forma que si no se hace así, peligra su designación, que es algo que no queremos".

En cuanto al acomodo de una estancia para la Guardia Civil, asegura que antes "debe figurar un convenio entre las dos partes donde figuren qué prestaciones ofrece el cuerpo de seguridad a cambio, así como un informe jurídico que avale la resolución. Y otro tanto, con la regulación del trabajo de la Policía Local, por lo que entiende que "todas las decisiones tomadas ayer hubieran sido nulas de pleno derecho". Este periódico intentó recoger la versión del PP, sin éxito.

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