Lucas Bravo de Laguna, exconsejero de Deportes del Cabildo y exvicepresidente del Club de Baloncesto Gran Canaria, se mostró ayer "asombrado" con las formas utilizadas por los actuales dirigentes del equipo al abordar los presuntas irregularidades del exdirector-gerente de esa entidad, Alberto Miranda, en la compra de muebles de segunda mano e inservibles para los pisos de los jugadores, unos hechos que han sido remitidos a la Fiscalía por indicios de tres delitos.
"Por los años que lleva en el club, Alberto Miranda merecía ser escuchado antes de que se lanzaran esas graves acusaciones", consideró Bravo de Laguna, quien apuntó que la gestión del exgerente ha sido alabada por los propios responsables del equipo de baloncesto. También recordó que los presupuestos del club siempre se han aprobado por unanimidad de las fuerzas políticas.
Bravo de Laguna, que actualmente es consejero insular del PP en la oposición, defendió la gestión de Miranda, pues a su juicio ha llevado "de forma rigurosa" las cuentas del Granca e incluso ha ahorrado mucho dinero al equipo. En concreto, según el exresponsable insular de Deportes, su gestión permitió ahorrar en más de un millón de euros la aportación anual del Cabildo. "Por eso, reitero, creo que Alberto Miranda debe ser escuchado", declaró a este periódico tras el Pleno de ayer.
También mostró sus quejas por las informaciones que se han publicado sobre los presuntos delitos del exgerente, pues ni el club ni el gobierno de Antonio Morales las han querido entregar a los representantes de los grupos políticos.
"Me sorprende lo que ha salido en los medios, pues el otro día, cuando se celebró el consejo de administración, solicité el informe jurídico y no me dieron; por eso me abstuve cuando se votó sobre remitir el caso a la Fiscalía". A su juicio, debe ser el Ministerio Fiscal el que se pronuncie sobre los hechos que se le imputan a Miranda, porque "no se puede linchar a una persona si no se le escucha antes".
En declaraciones previas, Bravo de Laguna insinuó que las acusaciones de otros miembros del club pueden deberse a una "venganza", al tiempo que criticó a los que, a su juicio, se comprometieron a preservar el buen nombre del club y luego dieron a conocer las investigaciones que ya se conocen.
Fiscalía
El pasado lunes, con los votos a favor de los representantes de NC, PSOE, Podemos y CC, y la abstención de PP y Unidos, el Patronato de la Fundación Canaria del Deporte, organismo público del Cabildo para financiar y controlar la gestión del Granca, aprobó remitir a la Fiscalía Provincial de Las Palmas cuatro operaciones de compraventa de mobiliario por parte del exgerente.
Según las pruebas recabadas, éste utilizó una empresa suya, Miranda Inmoconsulting SL, y otra a nombre de su pareja, Rita A. González (AGP Muebles), para vender al club cuatro remesas de mobiliario en los días previos y posteriores a las elecciones al Cabildo de mayo de 2015, por un valor total de 32.778 euros (26.630 sin IGIC).
Aparte de la supuesta autocontratación y de la división de la compra en cuatro lotes para poder firmar las facturas y los cheques sin el conocimiento de los otros apoderados del club, pues la firma única solo se podía utilizar en cantidades inferiores a los 12.000 euros, también se comprobó que esos muebles eran de segunda mano y que muchos de ellos fueron entregados al Centro Reto y tirados a un punto limpio de residuos.
Ante esos descubrimientos, en el mes de diciembre de 2015, los responsables del club remitieron un informe al Cabildo, cuyos servicios jurídicos apreciaron indicios de delito y recomendaron acudir a la Fiscalía.
