¿Quién es el encargado de comprobar la veracidad de la declaración de bienes?
Es España hay más de 20.000 instituciones públicas sometidas a la ley de transparencia y, evidentemente, las declaraciones de los cargos públicos son como las de Hacienda, hay que fiarse hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que no se hace una inspección hay que creerse lo que se declaran en el IRPF o en Patrimonio. La verificación, como ocurre en cualquier instancia de la administración, procede de ciudadanos que tienen datos para pensar que alguien está ocultado patrimonio y ejercen una queja ante la propia institución, en este caso el Cabildo. Y en segundo lugar puede ser una instancia propia, que hasta ahora no existe ni en Canarias ni en ningún sitio que yo conozca, que se dedique a la inspección de las declaraciones de los cargos electos y directivos. Eso le corresponde, si no lo tiene delegado, al titular de cada corporación, ya sea el alcalde o presidente.
¿Y qué sanciones recoge la ley para quien defrauda o se niega a presentar la declaración ?
El artículo 68.2 de la Ley de Transparencia de Canarias considera una infracción grave el incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas de la normativa. En el caso del Cabildo, quien tiene que velar por el cumplimiento de que los datos estén publicados es el consejero de Transparencia [Gilberto Díaz], pero cuando un político o un directivo no aporta la información, está clara que este consejero puede derivar la responsabilidad en quien no le facilita los datos a los que está obligado. Es decir, el culpable es el que no aporta la información.
¿Y qué ocurre entonces?
Hasta ahora, en España no ha habido muchos precedentes de sanciones por este concepto, excepto en el gobierno de la Comunidad Valenciana, en la que el consejero de Transparencia instó al de Hacienda a que investigara la posible responsabilidad de uno de los sus altos directivos políticos. El consejero de Hacienda optó por un cese de esa persona. En el caso de los directivos, la sanción está regulada por el estatuto del funcionario público. En el caso de los políticos corresponde el posible cese o dimisión tras la petición de responsabilidades. En general, cuando un alto cargo o político no quiere someterse a la declaración de bienes tiene la salida de la dimisión y así evita asumir esa responsabilidad. Si reiteradamente no presenta la declaración, de alguna manera pone en evidencia al controlador.
