El Cabildo de Gran Canaria anunció ayer a los alcaldes de la Isla la realización de un estudio para conocer los índices de contaminación en los 21 municipios y cuáles son las fuentes de emisión de dióxido de carbono (CO2). Hasta ahora solo existen datos globales del Archipiélago que advierten de un aumento de los gases de efecto invernadero, incluso por encima de la media nacional, si se contabilizan las emisiones de los aviones del aeropuerto de Gando y los depósitos de combustibles del Puerto de la Luz.
Aunque no existen cifras oficiales, desde la década de 1990 se ha detectado un incremento significativo de las emisiones contaminantes en la franja costera del noreste de Gran Canaria, desde la capital hasta el aeropuerto, donde también existen industrias que expulsan dióxido de carbono a la atmósfera.
El consejero de Desarrollo Económico del Cabildo, Raúl García Brink, y el director general del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (Ciegc) presentaron a los ayuntamientos el llamado Pacto de los Alcaldes, una iniciativa de la Unión Europea para combatir los efectos del cambio climático desde el ámbito local y al que ya se han adherido 7.201 municipios de todos los países del continente. De ellos, 1.740 son españoles y 11 canarios.
Teror e Ingenio son los dos únicos ayuntamientos de Gran Canaria que se han incorporado a este grupo, pero los demás se mostraron interesados y varios anunciaron que lo harán en los próximos meses. A la convocatoria de ayer asistieron los alcaldes de Agaete, Artenara, Firgas, Ingenio, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Tejeda, Telde, Valleseco y Valsequillo. Los demás ayuntamientos estuvieron representados por los concejales del área.
El Consejo Insular de la Energía se encargará a partir de ahora de coordinar a los municipios que se adhieran al Pacto de los Alcaldes y apoyará a los consistorios, con recursos económicos y humanos, en la elaboración de los planes para disminuir la contaminación atmosférica. El compromiso "es reducir en un 40% las emisiones de dióxido de carbono antes de año, 2030, especialmente a través de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes renovables". El otro objetivo es aumentar la resiliencia de los municipios (capacidad para anteponerse a la adversidad) mediante la adaptación a las repercusiones del cambio climático.
La hoja de ruta de las instituciones grancanarias recoge tres etapas para cumplir esos compromisos. La primera es elaborar un inventario de emisiones en los 21 municipios de la isla y una evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivadas del cambio climático. García Brink señaló que ese estudio se licitará en el primer semestre de este año.
Compromisos
La segunda fase es presentar un plan de acción para el clima y la energía sostenible en un plazo de dos años a partir de la fecha de la decisión de cada ayuntamientos. Por último, elaborarán un informe de situación al menos cada dos años a partir de la presentación de ese plan de acción para evaluar los resultados y realizar los cambios que sean necesarios.
La incorporación al Pacto de los Alcaldes, según García Brink, tiene hasta seis ventajas para los ayuntamientos: reducción del consumo energético y consiguientemente de los gastos; mejor acceso a los fondos europeos para el desarrollo de proyectos en el campo de la eficiencia energética; mayor conocimiento técnico de las posibilidades de ahorro e inversión del municipio; avance hacia la sostenibilidad con la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; mayor visibilidad en la isla, región y en Europa; y el apoyo del Cabildo en todo el proceso.
Los alcaldes mostraron su preocupación por la carga de trabajo sobre sus funcionarios, que se negociará para que personal externo realice esas tareas.
