Tania Naya Orgueira, que ejerció como interventora del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana cuando se tramitaba la adjudicación a la empresa Mazotti de la segunda fase de Poblado Cesa, en El Pajar, aseguró ayer que fue el exconcejal de Contratación José Juan Santana Quintana quien le pidió que retirara del expediente el pago de las obras de esta urbanización a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito como ella había recomendado en un informe. Naya Orgueira, que declaró como perito en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Las Palmas contra ocho acusados del caso 'Paraíso', explicó al tribunal que el exedil, con "el que no tuvo ningún problema" en el desempeño de su trabajo, no le especificó la razón por la que había que retirar las facturas, si bien aclaró que eso se suele hacer cuando los pagos no tienen la conformidad del titular del área. También dijo que trató más este asunto con el arquitecto Fernando Rivero, otro de los encausados en esta trama, que con el exedil nacionalista.
Este fue el motivo, según explicó ante el tribunal, por el que en el pleno de 14 mayo de 2007, se aprobó solo la adjudicación directa a la empresa Mazotti, si bien, los concejales entre los que además de José Juan Santana estaba Pacuco Guedes, también implicado en la misma causa, creían que se iba a aprobar el pago de la factura a la empresa de Alejandro Navarro.
Naya Orgueira, que ejerció este puesto de mayo de 2006 a enero de 2007,y ya había dejado el Ayuntamiento cuando tuvo lugar el pleno, dijo que la sesión fue nula "por estar viciada", y que la adjudicación se sacó por mayoría simple con el voto de seis de los once concejales de la corporación, formada por NC, PSOE y CCN, ya que los diez de AV no asistieron porque habían dejado la corporación municipal dos meses antes. La interventora señaló que primero, en septiembre de 2006, hizo un informe en el que dejó claro que las obras no se podían adjudicar de forma directa sino a través de una subasta pública, y cuestionó el gasto al que iba a hacer frente el Ayuntamiento en tanto que las obras se licitaron por un importe de 347.312 euros, y Mazotti reclamaba un nuevo pago por valor de 261.641 euros, cantidad que suponía el 75% de la primera actuación. Fue al percatarse de que los trabajos habían concluido cuando, según dijo, decidió de 'motu propio' hacer un segundo informe, en diciembre de 2006, para que se efectuara un reconocimiento de crédito para pagar la factura a la constructora puesto que "no se puede contratar una obra concluida", cuestión por la que solicitó también un "reparo supensivo".
A las preguntas de Alejandro Navarro, que ejerce su propia defensa, sobre si conocía que el proyecto era para dotar a la urbanización de Poblado Cesa de servicios que no se incluyeron en 1957, dijo que solo conocía el expediente administrativo y que desconocía que en esa urbanización vivieran sus vecinos mientras que se ejecutaron las obras. También precisó en que la Ley de Contratos del Estado permite adjudicar a una misma empresa una obra si no supera el 20% del presupuesto inicial.
Por su parte, la que fuera técnico de Contratación, Carmen Teresa Ruiz Pérez, explicó a la sala que el expediente de esta obra que inició este departamento municipal, "murió" porque no hubo una asignación presupuestaria.
La vista sigue hoy con más escuchas de pinchazos de la policía.
