La Comisión de Hacienda del Parlamento de Canarias aprobó ayer con el voto en contra de PSOE y Nueva Canarias una moción presentada por la diputada Josefa Luzardo para que sea la Audiencia de Cuentas de Canarias la que fiscalice las anualidades de 2014, 2015 y 2016 correspondientes al convenio entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria para la concertación de plazas de dependencia. Luzardo justificó su propuesta por una "razón clara: en junio del año pasado se descubrió un escándalo que afectaba a 14 personas", en referencia a los casos de supuestos cobros indebidos en la residencia de mayores de Agüimes a personas con un plan individual de asistencia (PIA) individualizado. "Nadie les ha devuelto las cantidades indebidamente cobradas", indicó la diputada.
La portavoz de Nueva Canarias en la comisión, Esther González, reconoció "que si hay algo que se ha cobrado indebidamente, que se devuelva", aunque consideró que la propuesta de los populares "tiene todos los visos de persecución hacia el Cabildo de Gran Canaria".
Por su parte, el portavoz socialista, Iñaki Lavandera, defendió "la transparencia con la que se ha actuado desde el Cabildo" y pidió a Luzardo que reflexione "sobre el uso del Parlamento y de la Audiencia de Cuentas" por parte de su grupo. El rechazo del PP a que la fiscalización se extienda al resto de cabildos provocó el voto negativo de los dos grupos.
