El 22 de octubre se celebrará en Arrecife la vista preliminar del juicio de la causa inicial del caso Unión, que sentará en el banquillo al empresario Luis Lleó y a Fernando Becerra, acusados ambos de un intento de soborno hacia el ex consejero del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, para que desbloqueara los problemas urbanísticos de Costa Roja, una parcela de Lleó en Playa Blanca en la que tenía previsto construir mil viviendas y que había sido paralizada por los tribunales por un recurso del propio Cabildo.

En esa vista se decidirá si se anulan algunas pruebas recabadas durante la instrucción o por el contrario se valida por parte de la Audiencia provincial la mayor parte de la instrucción del caso, o al menos su inicio.

La defensa de Lleó ya ha estado pidiendo en varias ocasiones la nulidad de gran parte de las actuaciones, sembrando dudas sobre la legalidad de todo el proceso. Hasta el momento, la Audiencia provincial ha respaldado la instrucción, a excepcion de los autos de entrada y registro a las oficinas de Lleó, en los que figuraban el nombre de otra de las detenidas en el caso. El primer secretario judicial del caso ha reconocido posteriormemnte que esos autos anulados no eran los originales que figuraban en el sumario. Con esa anulación quedaron invalidados también dos informes de la UCO, que se habían elaborado mediante el análisis de los correos electrónicos del empresario y de otras pruebas encontradas en su despacho, y que ponían de relieve el asesoramiento de dos miembros del Tribunal Constitucional a Lleó, el hecho de que un catedrático de prestigio, Rafael Entrena, había hecho un informe favorable a la licencia de Costa Roja que había encargado el empresario pero que había pagado el Ayuntamiento de Yaiza.

En junio de 2011, la Fiscalía pidió que se abriera una pieza separada con este caso de soborno y otra con otro cohecho relacionado con la posible venta de un edificio por parte de Lleó a la Cámara de Comercio. Esa última pieza fue archivada, mientras que la otra fue calificada por la Fiscalía en mayo de 2013. La Fiscalía pide seis años de cárcel para Lleó y un año y medio para Becerra, ya que reconoció los hechos y colaboró con la investigación. Además les solcita multas de un millón de euros y diez años de inhabilitación para empleo o cargo público para Lleó, y de 200.000 euros para Becerra.

La defensa de Lleó, representada por el abogado Manuel Matamoros, ya intentó que no se abriera juicio oral en base a esa anulación pero no se le dio la razón y volverá a intentar que se anulen otros actos derivados de ese registro. La Fiscalía por su parte, considera que hay elementos probatorios suficientes para juzgar a ambos y para determinar su culpabilidad y que la acusación no se ha basado en ninguna prueba obtenida en esos registros.

La defensa de este imputado ha pedido un informe pericial que concluye que las grabaciones de las conversaciones entre Espino y Becerra pudieron ser manipuladas, pero otro informe de la Policía Científica sólo encuentra indicios de alteración en una de las garabaciones y no dice que se alteraran de forma voluntaria.

La vista oral podrá tardar cerca de un año más hasta que se celebre ya que será con jurado.