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El juez levanta el embargo de los bienes de los administradores de Inalsa

A los políticos de la empresa del agua se les reclamaban 10 millones por su mala gestión

El titular del juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado el levantamiento del embargo preventivo de los bienes de los 17miembros de los consejos de administración que estuvieron entre julio de 2007 y junio de 2009 al frente de la empresa pública del agua (Inalsa) hasta que fue intervenida judicialmente por unas deudas de 40 millones.

Los representantes de los distintos consejos de administración estaban obligados a responder con sus bienes en caso de que Inalsa no pagara su deuda. Sin embargo, la decisión del Cabildo y los Ayuntamientos de sacar a concurso la gestión integral del agua en Lanzarote ha permitido que la nueva empresa adjudicataria (Canal Gestión Lanzarote) se haga cargo de la deuda.

Los políticos embargados del consejo de administración entre 2007 y 2009 y que debían responder a una deuda cercana a los diez millones eran: la viceconsejera de Educación y expresidenta socialista del Cabildo, Manuela Armas, la exgerente de Inalsa, Plácida Guerra (PIL), los exconsejeros socialistas en el Cabildo, Juan Félix Eugenio y Carlos Espino, el expresidente del Cabildo y exalcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla (PSOE), Jesús-Iván Rodríguez González, el exalcalde de Teguise, José Dimas Martín (PIL), Feliciano Díaz Hernández y el expresidente del PIL, Antonio Barambio.

Por su parte, los políticos que formaron parte del consejo de administración entre 2005 y 2007 y que debían responder a una deuda de casi dos millones eran: la consejera de Bienestar Social, Vivienda y Deportes y expresidenta del Cabildo, Inés Rojas, el viceconsejero de Ordenación Territorial y expresidente del Cabildo, Mario Pérez (CC), Sergio Machín, Rafael Martín, el exconcejal de CC de Tinajo, Aquilino Romero, el parlamentario socialista Manuel Fajardo Palarea, el exacalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra (PSOE) y el alcalde de Haría, José Torres Stinga (CC).

El 13 de septiembre de 2013 se firmaba el convenio de acreedores entre los que figuraba Endesa, la constructora FCC y Aguas Filtradas. El auto del juez que embargaba a los políticos los acusaba de no haber tomado las medidas para sanear la empresa.

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