El primer instructor del caso Unión, el juez César Romero Pamparacuatro, solicita una indemnización de 40.000 euros al Ministerio de Justicia por haber difundido datos de su vida laboral que considera de carácter personal. La petición la ha realizado dentro de un recurso contencioso administrativo presentado por el magistrado para pedir la anulación de una certificación emitida por la secretaria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), María Eugenia Calamita, en la que se revelan esos datos, a petición de uno de los principales imputados en el caso, Luis Lleó, para quien la Fiscalía pide seis años de cárcel por cohecho.
Lleó, que fue detenido en junio de 2009, solicitó al TSJC que identificara a los jueces que estuvieron al frente del Juzgado número 5 de Arrecife entre junio de 2008 y junio de 2013 con el fin de "ejercitar acciones judiciales penales contra las personas que como titulares o sustitutos del Juzgado habían tomado parte en la comisión de lo que consideraba que era un delito continuado de falsedad documental". La secretaria del TSJC le entrega esa información aunque, posteriormente, el pasado mes de abril, la comisión permanente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) estima parcialmente el recurso de alzada de Pamparacuatro y le da la razón en cuanto a que esa funcionaria no era competente para ofrecer esos datos reservados, amparados por la Ley Orgánica de Protección de Datos, señalando que se podría atentar contra la independencia judicial ya que el órgano de gobierno de los jueces es el CGPJ y no el TSJC.
En el recurso también solicita la nulidad tanto de la certificación de Calamita como de la resolución del secretario general de la Administración de Justicia, de enero de 2014, que resolvía el primer recurso del juez sin ser competente para ello, según el magistrado. En el recurso señala que se ha visto perjudicado por "la utilización torticera y maliciosa del certificado emitido, por terceras personas que en defensa de intestinos/fraudulentos intereses, no han dudado en orquestar toda una sonora y constante campaña de desprestigio profesional y personal utilizando para ello medios escritos y radiofónicos, con amplia divulgación/difusión en todo el Archipiélago".
El juez hace constar que ese certificado se ha usado para intentar demostrar que firmó algunos autos del caso Unión estando de vacaciones o de baja laboral y, por tanto, para intentar tumbar el procedimiento. "Es a partir de esa certificación donde se puede comprobar la teoría de la conspiración para decir que no instruía el magistrado o que los hacía predatados", señala el recurso que asegura que "la campaña orquestada se ha articulado como una verdadera campaña de difamación continuada en el tiempo, siendo una baza fundamental de la misma el certificado emitido", ya que le han llegado a señalar como autor de delitos de falsedad documental en distintos medios de comunicación.
Según el recurso, con los datos con que contaba la secretaria del TSJC podía certificar los días solicitados y concedidos de vacaciones, pero en ningún caso los días disfrutados, ya que no disfrutó de todos los días de vacaciones que se le concedieron. También señala que Lleó solicitó los mismos datos a la Fiscalía de Las Palmas sobre los fiscales que participaron en Unión y esta le negó esos datos.
Por otra parte, Lleó se ha personado en este procedimiento como perjudicado.
