"Un ejercicio arbitrario de poder que lleva a la pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones". De esa manera considera la fiscal Laura Ordás la "resolución administrativa arbitraria" del exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arrecife Ubaldo Becerra (PIL) de autorizar por teléfono, en connivencia con el exalcalde Enrique Pérez Parrilla (PSOE), la celebración del concierto de Teresa Salgueiro que tuvo lugar el 4 de febrero de 2009 en el Teatro Insular, sin que el recinto contase con licencia alguna de apertura y pese a existir hasta tres informes técnicos negativos (de la correduría de seguros AON y tecnicos del consistorio y el Cabildo) que advertían de deficiencias en materias de seguridad que deberían subsanarse antes de la celebración de cualquier acto, las mismas que continuaban el 13 de febrero de ese mismo año cuando actuó Schika de Cantorumven.
Ordás puntualizó que el entonces alcalde no dio el permiso por escrito en ese momento porque "sabía que no podía hacerlo", sino "por teléfono sin respetar las normas del procedimiento para ello".
No fue hasta el 19 de junio de 2009 cuando el Cabildo de Lanzarote, titular de las instalaciones, presentó ante el consistorio la licencia de apertura del Teatro Insular después de acordar su cierre ese mismo mes tras el estallido de la 'Operación Unión', que investiga supuestas actuaciones de corrupción política, empresarial y de funcionarios públicos en diversas instituciones de la Isla. El 11 de abril de 2011 la Concejalía de Actividades Clasificadas del consistorio capitalino otorgó la correspondiente licencia para el funcionamiento del teatro.
Una de las piezas separadas del 'Caso Unión' es, precisamente, la relacionada con el Teatro Insular, cuyo juicio se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal Nº3 de Arrecife, el cual quedó visto para sentencia. En el banquillo de los acusados se sentaron, además de Pérez Parrilla, histórico miembro del PSOE lanzaroteño, y Becerra, el exconsejero de Educación y Cultura del Cabildo de Lanzarote Rubén Placeres (PSOE). Cada uno de ellos está acusado de presuntos delitos de prevaricación. La fiscal Ordás ha rebajado en un año la pena de nueve años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público que pedía para cada uno de los investigados, al tener en cuenta el atenuante de dilación indebida del procedimiento, cuya investigación comenzó en 2009 en el marco de la 'Operación Unión'. Ninguno de los tres procesados ostenta responsabilidades públicas en la actualidad.
Pérez Parrilla y Becerra están acusados de ser autores de sendos delitos de prevaricación por permitir, presuntamente, que el Teatro Insular acogiera las actuaciones del 4 y 13 de febrero de 2009, pese a la advertencia de informes técnicos que alertaron de deficiencias en materia de seguridad y contraicendios, entre otras carencias. Por su parte, Placeres ha sido investigado como inductor del citado delito "tras las insistentes llamadas telefónicas a Becerra" para que otorgara la licencia para la celebración de los conciertos programados.
"Hay seis llamadas del consejero [se refiere a las grabaciones telefónicas realizadas a Placeres, Becerra y Pérez Parrilla de las cuales se pusieron extractos durante el juicio] en las que el consejero pide autorización, a pesar de que sabía que no se la podían dar".
El técnico del Cabildo, Miguel Ángel Ferrer, quien ejercía en ese momento de director del Teatro Insular, había dejado constancia de diversas deficiencias relacionadas con la seguridad, evacuación, emergencia y contra incendios. Becerra se comprometió a no enviar a la Policía Local el día de la apertura porque "Miki está acojonado".
Los abogados Vicente de León, Francisco Torres y Ubaldo González pidieron la absolución de sus clientes al entender que lo ocurrido no debería ser objeto de un proceso judicial, sino de irregulares administrativas. Denunciaron que la tendencia de la 'Operación Unión' fue "criminalizar cualquier acto que se interviniese".
