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Tribunales Juicio a una bodega

El jefe de la Oficina Técnica asegura que Stratvs carecía de licencia para funcionar

Antonio Lorenzo detalla en su declaración que el restaurante no tenía "ni proyecto técnico" y que ni la tienda ni el bar contaban con permiso de actividad clasificada

El complejo Stratvs, propiedad del empresario Juan Francisco Rosa y ubicado en La Geria, carecía de licencia de funcionamiento, señaló ayer el jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Yaiza, Antonio Lorenzo, en la segunda jornada de la vista oral que celebra en Arrecife la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Ese permiso se otorga después de la licencia de actividad y de comprobar que lo edificado se ajusta al proyecto presentado. Precisamente, la concesión de la licencia de actividad por parte de la Junta de Gobierno de Yaiza el 19 de diciembre de 2008, a la que no acudió Lorenzo por encontrarse de vacaciones, es la que se juzga en este procedimiento.

Lorenzo, que compareció en el juicio en calidad de testigo y perito, indicó que "el restaurante no tenía ni proyecto técnico ni licencia de obra", entre otros permisos, y que la cafetería y la tienda no disponían de licencia de actividad clasificada, por lo que tampoco podrían permanecer abiertos. Dijo a su vez que faltaba la licencia de ocupación de la bodega y de certificado final de obra de las instalaciones. La alcaldesa de Yaiza, Glays Acuña, cerró el restaurante en septiembre de 2013, dos meses después de declarar en el juzgado como imputada en este caso junto a varios concejales y técnicos de la corporación. La Justicia clausuró el complejo el 20 de diciembre de 2013, que sigue cerrado.

El jefe de la Oficina Técnica, que es ingeniero industrial, también aseveró que el uso de bodega en el suelo rústico en el que se asienta Stratvs no está permitido ni el Plan Insular de Ordenación ni en el planeamiento municipal.

Condicionante

La licencia de actividad que obtuvo Stratvs en 2008 tras el visto bueno de la Junta de Gobierno municipal estaba condicionada a la realización por parte de los técnicos del consistorio sureño de una visita de comprobación a las dependencias. Sin embargo, la misma no se realizó hasta casi cinco años después, es decir, julio de 2013, a raíz de la investigación de Acuña por presuntos delitos de prevaricación urbanística.

Lorenzo, que formó parte del equipo de técnicos municipales que inspeccionó Stratvs en la primera visita realizada a ese recinto, entre los que se encontraban también la delineante, la arquitecta y el ingeniero de Obras Públicas, relató que cuando llevaban una hora de comprobación de las instalaciones, acompañados por un empleado de Stratvs, Rosa telefoneó a uno de sus trabajadores, que le pasó el celular a Lorenzo para que hablara con el empresario. "Me dijo que no podíamos continuar con la inspección porque no había comunicación previa y yo si no me dejan entrar en una propiedad, me voy", apuntó Lorenzo.

En el segundo desplazamiento que los funcionarios hicieron a Stratvs ese mismo mes de julio tras realizar el Ayuntamiento la notificación a Rosa, investigado por supuesto tráfico de influencias, Lorenzo no acudió porque había sido acusado en este proceso y decidió inhibirse de los actos relacionados con el mismo, al igual que el ingeniero que se ocupa de los trámites de actividades clasificadas, Andrés Morales, encausado por prevaricación y prevaricación urbanística. Sin embargo, Lorenzo fue finalmente desimputado porque no acudió a la Junta de Gobierno en la que se aprobó conceder la licencia de actividad. Este funcionario también puso de relieve que al expediente de la licencia de actividad clasificada se incorporaron informes que se enviaron por fax desde el Grupo Rosa, cuando en realidad debieron tramitarse a través del Registro de la institución local y verificarse, paso que tampoco se hizo en la Junta.

En la segunda sesión fue el turno también del denunciante del caso, Javier Díaz Reixa, quien intervino como testigo. Precisó que decidió interponer la denuncia a título particular. Díaz Reixa es miembro de la Asociación Transparencia Urbanística, personada como acusación popular en este procedimiento y constituida después de que Díaz Reixa decidiera denunciar la construcción de la bodega.

El denunciante reconoció que tuvo dificultades para reunir la documentación del expediente de Stratvs con la que poder formular la denuncia, toda vez que el Ayuntamiento de Yaiza se negaba a facilitársela cuando la solicitó a principios del año 2009 y dijo que la consiguió tras la petición a la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias.

Díaz Reixa afirmó, a preguntas de la abogada de Transparencia Urbanística, Irma Ferrer, que era "absolumente" pública y notoria la apertura y las actividades de Stratvs. De hecho, precisó que "la puesta en marcha de la bodega apareció en múltiples medios de comunicación" en los que se hablaba a su vez del "trato de favor" a Stratvs a tenor de las quejas de otros bodegueros. Dijo además que la denuncia la dirigió "contra las personas que se consideren responsables de la construcción de la bodega y se habla abiertamente de la actividad de puesta en funcionamiento de la misma".

Asimismo, Díaz Reixa contestó afirmativamente a la cuestión planteada por Ferrer sobre la "capacidad de influencia de Juan Francisco Rosa en las administraciones públicas de Lanzarote y Canarias", a lo que luego añadió "de Europa".

Según confesó, Díaz Reixa conoce a Rosa a raíz de una carta que dirigió el empresario a Jerónimo Saavedra cuando éste era presidente del Gobierno de Canarias, "pidiéndole que se interesara por los resultados de ejecuciones de la sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJC en la que se anulaba la licencia del Aparthotel Fariones", ubicado en Puerto del Carmen (Tías), propiedad de Rosa. "A partir de ahí es público y notorio que Juan Francisco Rosa tiene mucha influencia en todas las administraciones públicas", subrayó. Díaz Reixa se refirió además a la nulidad de licencias por parte de los tribunales del puerto deportivo Marina Rubicón y los hoteles Son Bou y Princesa Yaiza, en Playa Blanca, propiedades relacionadas con Rosa. "Casi todas las actuaciones que le conozco a Juan Francisco Rosa son públicas y notorias y han sido hechas en contra de la legalidad territorial, urbanística y de los recursos naturales", sentenció.

El abogado de Rosa, José Antonio Choclán, detalló que Díaz Reixa puso la denuncia el 6 de julio de 2009 y añadió que "hay una certificación negativa" de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias "en la que consta que no solicitó el expediente". Sin embargo, Díaz Reixa insistió en que sí pidió la citada documentación y que lo hizo por escrito después de que le indicaran de que tenía que hacerlo por esa vía. Se la entregaron "digitalizada".

Choclán puntualizó que la documentación que le entregó la Dirección General de Urbanismo a Díaz Reixa es "muy parcial porque es un expediente más reducido y no contiene toda la información que usted baraja de forma pormenorizada en su denuncia". El letrado de Rosa estaba empeñado en esclarecer si hubo supuestas filtraciones de información en este procedimiento, para lo que demandó saber de dónde obtuvo Díaz Reixa "toda la información que de manera pormenorizada relata en su denuncia de modo cronológico y preciso con fechas de resoluciones y datos administrativos que no están en el expediente de la consejería, toda vez que el consistorio de Yaiza se la había negado y que la UCO se llevó esa documentación" en el registro que hizo del Ayuntamiento en mayo de 2009 dentro de la 'operación Unión', es decir, poco más de un mes antes de que Díaz Reixa interpusiera su denuncia.

Díaz Reixa reiteró que la consejería le había entregado la documentación, aunque también admitió que la letrada Ferrer "nos consiguió algunos documentos, supongo que de forma lícita porque los expedientes son públicos, entre lo que fui a la consejería e interpuse la denuncia". Entonces salió al paso Ferrer para defender la legalidad de su actuación y dirigiéndose a Choclán le aclaró que "si se refiere a los expedientes que la Guardia Civil registró en el Ayuntamiento de Yaiza estaban bajo secreto de sumario", por lo que no podía tener acceso a lo mismos. Así quiso despejar dudas y que se dejara constancia de su protesta.

Pese a ello, Choclán seguía cuestionando la denuncia de Stratvs al entender que la misma partía de un expediente que estaba bajo secreto de sumario.

El agente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que dirigió el registro en el consistorio de Yaiza en mayo de 2009 en el marco de 'Unión' manifestó a través de videoconferencia que "dentro de las diligencias que estaban en marcha por el juzgado se registraron diversas dependencias, entre ellas los despachos de la alcaldesa y el secretario y las dependencias de Urbanismo". Entre la documentación que se llevó la UCO figuraba la que estaba relacionada con asuntos de Rosa.

Pieza de Costa Roja

A la pregunta del fiscal Ignacio Stampa sobre si el entonces concejal de Urbanismo Leonardo Rodríguez, acusado de tráfico de influencias en el 'caso Stratvs', estaba siendo investigado y tenía su teléfono intervenido objeto de la investigación, el guardia civil respondió que "sí".

El agente de la UCO explicó que lo que se investigaba era la pieza relacionada con los terrenos de Costa Roja, en Playa Blanca (Yaiza). Por ese suelo, del que eran promotores Rosa y el abogado Luis Lleó, se investiga un presunto intento de soborno al entonces consejero de Medio Ambiente del Cabildo, el socialista Carlos Espino.

El hecho de que Rosa fuera a ser uno de los principales beneficiarios de las parcelas, llevó a la UCO y la Justicia a investigarlo. La Guardia Civil ya había grabado conversaciones telefónicas en esa época al concejal de Urbanismo Leonardo Rodríguez, sospechoso de cometer un delito de tráfico de influencias relacionado con otro caso, entre las cuales había algunas llamadas en las que hablaba con Rosa sobre una licencia. Por otro lado, el guardia civil reveló que se referían a Rosa o a Dimas Martín cuando se hablaba del "jefe" en las conversaciones intervenidas. Dimas fue empleado de Rosa, que lo contrató para que pudiera disfrutar del tercer grado penitenciario.

La defensa de Rosa considera que se juzga a su cliente en esta pieza del 'caso Stratvs' por unas diligencias que no tienen que ver con esta causa, ya que se abrieron con anterioridad a que se originara este procedimiento el 6 de julio de 2009 con la denuncia de Díaz Reixa. Choclán también entiende que en su momento no se consideró delito la conversación telefónica entre Rosa y Rodríguez del 18 de diciembre de 2008 sobre la licencia de actividad a la bodega, por lo que no se comenzó a investigar hasta la denuncia de Díaz Reixa de julio del año siguiente. En 2013 se imputó a Rosa por tráfico de influencias en Stratvs.

Uno de los agentes del Seprona relató que participó en agosto de 2013 en una inspección a Stratvs a instancias del juzgado para ver "qué actividades estaban desarrollando", mientras que el segundo informó que halló en una carpeta un carta que Rosa envió en 2003 a Dimas Martín y otra al exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes en la que le pidió permiso para hacer obras de acondicionamiento en su finca del Vallito de Uga tras la visita del Seprona el día antes.

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