El informe jurídico de Puertos del Estado revela, antes de desgranar cada uno de los conceptos relativos a los materiales empleados, cómo la UTE reclama el pago por una medición de 186.925 toneladas más de lo que efectivamente se liquidó. Las constructoras argumentan que el Puerto evaluó el conjunto "aplicando una densidad de 1,9 toneladas por metro cúbico" (salvo el llamado todo uno, de inferior calidad, al que se le aplica un coeficiente de 1,2 toneladas por metro cúbico). Exponen las empresas que en el pliego de prescripciones técnicas de la obra se establece que el criterio a utilizar debía ser "su peso, en báscula oficial". Pero que no se aplicó porque desde la administración se justificó que "no se disponían de los tickets de pesado en el expediente "al haberse traspapelado" y, "por tanto, no podían comprobar la densidad real" de los elementos utilizados. Puertos del Estado observa aquí otra "irregularidad administrativa" por parte de la Autoridad Portuaria. Justo porque "no empleó el método de cálculo establecido", aunque la UTE "aceptó" la fórmula alternativa en la liquidación.
