¿Cómo van las cosas con los socios, cree posible que el pacto dure todo el mandato?
Sí creo factible terminar el mandato gobernando con el Partido Socialista. Están siendo buenos socios, aunque también depende del concejal de turno, porque cada uno tenemos nuestro carácter, pero hay muy buenas relaciones con el Partido Socialista y con los dos concejales de Nueva Canarias. De hecho, las decisiones importantes intentamos tomarlas por consenso. Yo creo que sí, que vamos a terminar el mandato y vamos a llegar porque pactamos un programa. Desde luego que va a haber problemas y roces con cuestiones que no se pactaron, pero que son necesarias para la ciudad, y habrá algún roce, pero creo que la actitud que hemos tenido hasta ahora de buscar consenso y soluciones es la que va a predominar. No creo que llegue nunca la sangre al río.
En el Acuario ya se han notado las diferencias. Usted no ha mostrado el mismo entusiasmo que el PSOE con el proyecto que, sin embargo, han aceptado.
Sí, y eso es lo bueno, que pese a tener ese tipo de divergencias y distintos pareceres somos capaces de mirar más allá y preguntarnos si en este momento le interesa a la ciudad y a los vecinos que se rompa este acuerdo de gobierno por una decisión que ya está tomada y que no fue decidida por nosotros. Pues no; no interesa en este momento. Y no es que estemos de acuerdo con el Acuario o con esa política de atraer turismo de masas a la ciudad y repetir los modelos anteriores, pero nos lo hemos encontrado hecho y crearíamos una inseguridad jurídica terrible en los inversores que queremos atraer a la ciudad si nos peleáramos por el tema del Acuario. Nos gustaría impulsar un debate sobre la conveniencia de ese acuario o esa manera de exhibir a los animales.
En el mes que lleva al frente de Urbanismo ha tenido que lidiar con el litigio de El Confital y la última resolución sobre la Biblioteca. ¿Era consciente cuando asumió Urbanismo de que se hacía cargo de un campo minado por la política urbanística del PP?
Teníamos controlados cuatro campos minados; uno es el Canódromo, que la gente se ha olvidado y va a traer consecuencias muy duras, va a ser un problema muy gordo para la ciudad. El otro es la Biblioteca. El alcalde está intentado que el Consejo de Ministros, solucione el problema creado por el ministro felón. No me gusta la solución que nos están ofreciendo. Si es la última solución, la de expropiar los derechos, la cogeremos, aunque no me gusta. Yo preferiría que de la misma manera que se indulta a un ministro corrupto o a un banquero, se indultara el edificio previo pago a los vecinos en reparación al daño que se ha hecho. Esa es la solución que a mí me gusta, pero legalmente me dicen que puede funcionar la expropiación de derechos si no queremos tirar la biblioteca. El otro campo minado que conocíamos es el escándalo del campo de golf de La Minilla.
¿Han decidido ya cómo se va a liquidar la concesión?
Desgraciadamente, pagando. Las decisiones que se tomaron en el campo de golf de La Minilla nos van a obligar a pagar y son decisiones políticas tomadas por otros responsables políticos y a nosotros nos queda ahora gestionar eso. Vamos a intentar pagar lo menos posible y lo más tarde posible. Por ahora hemos conseguido un aplazamiento y se pagará a lo largo de los años. No se pagará de golpe, lo cual es una ventaja para la ciudad. El cuarto campo minado es El Confital, del que cuelga Pavía, o viceversa. Es todo la misma sinrazón. Creemos que en El Confital el error está en el convenio inicial, porque se sobrevaloró el suelo y se firmó un acuerdo que el Ayuntamiento no puede cumplir. En el año 2008, se suspende el convenio y es cuando los propietarios denuncian y estamos en esa pelea a ver si conseguimos un justiprecio para la ciudad por esos terrenos sin tener que pagar la disparatada cifra de 44,5 millones de euros que nos reclama la propiedad.
Los propietarios han pedido la ejecución de la sentencia, ¿cree que el juez les dará la razón?
Nosotros ejecutamos la sentencia entregando la propiedad y no la quisieron. Ellos están intentando cobrar y habrá que negociar. El juez va a decirles que tienen derecho a una indemnización. El problema es qué cuantía. Nosotros vamos a pelear para que sea la menos perjudicial para la ciudad. En este caso, como en la Biblioteca, las decisiones políticas ya no son perseguibles, aunque causaron un dolo a la ciudad, porque han prescrito. Unas se tomaron en la época de Soria y otras en la de Luzardo. El origen de todos estos problemas está en convenios firmados que son dolosos para el Ayuntamiento. Es responsable el político que los firmó. No es que haya una maldad por parte de los privados, los privados se aprovechan de acuerdos muy beneficiosos para ellos. En la Biblioteca, estoy convencido de que el problema se habría solucionado si se hubiera escuchado a los vecinos.
¿Han calculado cuanto le pueden costar a la ciudad esas operaciones urbanísticas?
Hombre, si sumamos los 44 millones que piden los dueños de El Confital, más cuatro de La Minilla, ya nos ponemos en cerca de cincuenta millones. A eso habría que añadir los 180 millones del Canódromo, en que están valoradas las torres, y Pavía.... La ciudad no tiene dinero para eso. Tiene un presupuesto de 306 millones y estamos pagando veinte millones anuales a los bancos por ley si encima tuviéramos que pagar todas esas indemnizaciones, la ciudad habría que cerrarla. El problema es que en este mes que ha pasado desde que llegamos, todas esas cuestiones nos han impedido poner en marcha nuestro programa, sino gestionar los errores de los otros, como El Confital, la Biblioteca, Pavía, La Minilla. No te puedes dedicar a construir la ciudad verde. No puedes reformar el plan de movilidad urbana y las políticas que queremos hacer.
Hablando de esas políticas. ¿Se va a impulsar la reposición de las Casas Baratas de Tamaraceite, que se encuentra empantanada, salvo el empujón que se dio hace un año para hacer las 72 viviendas que están en construcción?
Es un convenio de 2008 que el PP dejó en suspenso, en el que se firmaba una compra y no una reposición. Nos parece que la mayoría de los vecinos no tienen capacidad adquisitiva para comprar en este momento. Vamos a terminar la primera fase pactada y acordada con los vecinos que compraban y vamos a iniciar una nueva modalidad. Teníamos pendiente una asamblea esta semana y la vamos a atrasar para los primeros días de septiembre para construir 155 viviendas de reposición y reclamar al Gobierno del PP que cumpla los convenios. Vamos a ir al programa europeo Jessica para reposición y rehabilitación de viviendas sociales desde un punto de vista sostenible, para obtener una fuente de financiación. Las Rehoyas va a ir también por el mismo camino, aunque tardará mucho más porque habrá que hacer el proyecto primero y habrá que negociar con los vecinos.
Los vecinos dicen que no pueden pagar el porcentaje que se establece en el convenio, ¿Van a eliminar ustedes ese pago?
Aquí se hizo una trampa a los vecinos. Las viviendas sociales del patronato Francisco Franco, del cual soy presidente de la comisión liquidadora. Se les vendieron las casas en las que estaban viviendo y en ese acto de venta, el Estado dejó de asumir el mantenimiento de los edificios. De ahí viene el deterioro, de un engaño. En Tamaraceite, primero vamos a respetar el convenio con los que ya se ha firmado y con los otros 155 vamos a ir a la vivienda de 67 metros cuadrados, que se cambiará por la que tienen ahora sin pagar la diferencia.
Aparte de la reposición, ustedes planteaban la rehabilitación de barrios como El Risco y otros. ¿Qué hay de eso?
Sí, queremos rehabilitar, otra cosa es que podamos hacerlo todo en el mandato, pero queremos hacer lo más posible. El problema de Las Palmas de Gran Canaria es el cortoplacismo. Aquí se llega a gobernar cuatro años y entonces los proyectos son para cuatro o para tres años, para que dé tiempo a inaugurarlo y ese no es el camino. Hay que poner los intereses de los ciudadanos por encima de los de los políticos. Por ahí es por donde queremos actuar en barrios como San Juan, donde hay problemas de aparcamientos y de espacios libres; en el Risco, donde hay que reponer dos bloques de viviendas sociales y replantear el barrio, hacerlo más verde y más habitable para los vecinos. Hay que actuar sobre el saneamiento de El Román, en San Lorenzo. Y también en la Vega de San José, El Chaparral, la ladera de San José, Zárate, Tres Palmas y, sobre todo, San Cristóbal, que es el barrio marinero de la ciudad que quedó aislado por la autovía marítima y que está muy bien ahora, pero tiene muchas viviendas deterioradas. No queremos construir vivienda nueva, sino solo en suelo ya ocupado y, siempre que podamos, vamos a rehabilitar. Vamos a poner en marcha una normativa de rehabilitación.
¿La ITV de la vivienda de la que habló el PP?
Sí, lo que el PP aprobó y no se ha hecho. Vamos a ponerla en marcha lo antes posible, pero con la burocracia municipal, hasta febrero o marzo no podremos empezar. Eso significa trabajo para arquitectos, aparejadores e ingenieros y también para pequeñas y medianas empresas que se dedican a la construcción y a la rehabilitación.
¿De cuántas viviendas estamos hablando?
No estamos hablando de viviendas, sino de edificios que hay que rehabilitar. Puede haber más de 5.000 edificios en esas condiciones. Eso va a dinamizar la economía si se eliminaran las trabas burocráticas. En marzo pondríamos en marcha la normativa. Tenemos pendiente una reunión con la Asociación de Constructores porque el otro día salimos muy decepcionados del supuesto desayuno de trabajo. No desayuné y no trabajé. Hay que hablar con los empresarios de la construcción para ver en qué se concreta exactamente el plan que nos presentaron y en qué podemos colaborar. Vamos a impulsar al pequeño y mediano empresario y vamos a agilizar los trámites de licencia de obra menor, para las pequeñas reformas en las casas.
En cuatro años el Gobierno canario sólo ha hecho 115 viviendas, pese a que hay más de 3.000 familias en lista de espera, ¿el Ayuntamiento va a hacer algo para que se entreguen más casas? ¿Se va a ceder suelo?
El Ayuntamiento no puede construir, por ley. Lo hace el Gobierno canario. Tenemos muy buena relación con la actual viceconsejera de Vivienda, Isabel Mena. Creo que podemos firmar convenios en los que nosotros ponemos el suelo y ellos construyen. En este mandato no podremos resolver todo el problema de las 3.000 solicitudes, pero sí pondremos en marcha proyectos de viviendas con criterios de sostenibilidad.
¿Cómo va la creación de la oficina para frenar los desahucios?
La oficina de mediación está esperando el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y si todo va bien, a finales de septiembre la presentaremos.
¿Y ya se ha empezado a hablar con las entidades financieras para mediar en los desahucios?
Estamos esperando a tener los informes para llegar a un convenio con la banca, para que acepte los servicios de mediación. La oficina dispondrá de una o dos viviendas de paso, para solucionar el problema inmediato hasta que se disponga de una casa definitiva. Hay que firmar convenios con los bancos y con Visocan, que también tiene muchas viviendas vacías en la capital. Con la Sareb, parece que no tienen tantas viviendas en Las Palmas; eso es lo que ellos dicen. Tendremos que comprobarlo. Podemos actuar a través de la tributación sobre los edificios que tengan muchas viviendas vacías. Queremos negociar también alquileres sociales con los dueños de las viviendas vacías, que en su gran mayoría son bancos. Para el plan de emergencia social, vamos a aumentar la cantidad destinada a alquileres sociales un 30%, que será insuficiente.
¿Cómo se va a resolver el gran punto negro del tráfico en la ciudad, entre Belén María y Torre Las Palmas? ¿Hay algo previsto?
No hay espacio. Se calcula que el soterramiento de la Avenida Marítima, sólo uno de los tramos, desde la Base Naval hasta Juan Rodríguez Doreste serían unos 160 millones de euros y no los tenemos ni hay dinero en ningún lado de Europa que te los vaya a dar. La solución para el tráfico de Las Palmas es que no se use tanto el coche y se use más el transporte público.
Pero para eso habrá que facilitarle las cosas a la gente para que deje el coche, ¿no?
Sí. La intención es ampliar en 2016-2017 el aparcamiento intermodal de Las Arenas y estamos hablando con Guaguas para tener una mayor frecuencia de paso desde ahí. Estamos buscando terrenos para construir otro intermodal en la entrada sur de la ciudad, en Hoya de la Plata o San Cristóbal. Vamos a poner en marcha un aparcamiento intermodal en Tamaraceite, debajo del intercambiador, y estamos buscando otra zona por El Batán o más arriba. En el primer semestre de 2016 podremos presentar el plan director de la zona comercial de Mesa y López donde se mejora la zona peatonalizada.
¿Se va a soterrar?
Ojalá tuviéramos dinero para soterrar. Lo de ahora es una chapuza y estamos estudiando una solución que me gusta mucho y que consistiría en ensanchar el espacio peatonal hasta la rambla. Las guaguas y bicicletas pasarían por la rambla, que no se usa y habría más seguridad para el peatón, pero hay que hablarlo con los técnicos y con comerciantes y vecinos para ver si aceptan.
Antes de acabar quería preguntarle sobre Emalsa y la decisión que ha tomado el Gobierno de dar carpetazo a la intervención. Independientemente de que el PP pretendiera o no llegar al fondo del asunto, llama la atención que se corte de cuajo una investigación en marcha. ¿Se va seguir mirando para otro lado?
No se corta de cuajo. La intervención del PP era una operación de tinta de calamar para que los amigos del PP que estaban en Emalsa, que son los de Sercanarias y compañía, no salieran mucho a la luz. Al interventor, el PP no le da ningún poder. En sus informes, el interventor se queja constantemente de que no tiene apoyo político y dice que esa intervención tiene que ser consensuada con la propia empresa, que es como mandar a una persona a pescar un tiburón blanco con un alfiler. Lo que hace el PP es entregar al interventor a los lobos de Emalsa sin darle ningún respaldo. Esa intervención termina en septiembre. Lo que hemos decidido es terminar la intervención en septiembre y vamos a ir al consejo de Emalsa Augusto Hidalgo, Pedro Quevedo y yo como consejeros de Emalsa con un objetivo: reforzar la actuación de los funcionarios del Ayuntamiento. Eso al menos, es lo que hemos acordado. Tenemos un servicio de intervención, una unidad técnica del agua y cualquier documento que pidan para controlar Emalsa ya no será un funcionario quien los pida sino los consejeros del Ayuntamiento. Eso significa reforzar el poder político dentro de Emalsa e intentar reconducir la situación. Bolívar ha hecho muy buen trabajo en las peores condiciones posibles. Lo mandaron a pelear sin armas ningunas y ha hecho muy buen trabajo. Nuestra intención es que se replantee el contrato inicial, que es claramente perjudicial para los ciudadanos.
¿El de 1993?
Sí, el del principio de los tiempos, que es el que hay que retomar. Y también el contrato de saneamiento. Estos son los puntos centrales en los que hay que actuar. El objetivo final es garantizar el suministro del agua y la sostenibilidad ecológica del sistema de depuración. Esta ciudad no se puede permitir cuatro puntos de vertido...
¿Cuatro sólo?
Oficiales. Además hay que hacer un plan hídrico. Si al final hay que recuperar la propiedad de la compañía... Yo creo que habrá que hacerlo tarde o temprano. Hay argumentos. Por eso esperamos por el quinto informe del señor Bolívar y ese plan hídrico, donde iría encajado el posible rescate o no de la empresa. Desde luego, el primer contrato, el de 1993 es el que hay que volver a revisar y renegociar con la empresa.
¿Y el PSOE está de acuerdo con eso?
Don Augusto Hidalgo está de acuerdo.
