Ni rescate, ni remunicipalización, ni siquiera un expediente sancionador. El Gobierno tripartito de la capital grancanaria no contempla pedir responsabilidades a la compañía mixta Emalsa por las múltiples y graves irregularidades que han puesto sobre la mesa los informes del interventor Rafael Bolívar, que advierte un "deficiente cumplimiento de la concesión y de sus contratos" y duda de que la prestación del servicio esté garantizada. El alcalde, Augusto Hidalgo, anunció ayer su intención de abonar los 15 millones que reclama Emalsa por el saneamiento, cuyo pago está bloqueado desde 2013 porque la compañía no aportó en las facturas las certificaciones de los servicios que aseguraba haber efectuado, a razón de cinco millones por año.
Hidalgo aseguró que el tripartito, que ha aprobado por unanimidad no seguir con la intervención, va a "aumentar el control real" de la empresa a través del "refuerzo" de la Unidad Técnica del Agua y desde el Consejo de Administración. Recriminó que uno de los principales "resultados" de la intervención ha sido la creación de un "agujero" de 15 millones de euros, cantidad que puede alcanzar los 20 millones con los intereses de demora, por la negativa del gobierno de Juan José Cardona a abonar las facturas presentadas por Emalsa, al considerar el interventor que no se acreditó la realización del servicio. La negativa de Cardona fue respaldada el pasado año por una jueza, que rechazó la solicitud de Emalsa para que obligara al Ayuntamiento a pagarle, al entender que las facturas fueron devueltas por las "dudas sobre la debida prestación del servicio". El interventor resalta en su último informe que Emalsa se niega a "responder la encuesta" que le remite la Unidad Técnica del Agua sobre los servicios que presta en relación con el contrato de saneamiento, argumentando que "no tiene obligación ninguna de proporcionar esa información". Pese a ello, Hidalgo recriminó a Cardona no haber "pagado ni un euro, con el agravante de que se no se provisionaron las cantidades en el presupuesto. Ya veremos cómo se paga y en qué condiciones".
Preguntado si Emalsa ha justificado ya las facturas, el regidor indicó que "se solicitó una auditoría externa al respecto, que establece que hay que pagar" y mostró su esperanza de que los informes solicitados "determinen la cantidad exacta" que, adelantó, "es mayor, si no me equivoco, porque el servicio de mantenimiento no está dimensionado con el contrato de 1998".
Recriminó a Cardona que no iniciara "ningún expediente sancionador", como consecuencia de los incumplimientos que denuncia la Intervención en el tercer y cuarto informes. "Los ocultó y los tuvimos que hacer públicos nosotros", recordó. Sin embargo, el tripartito tampoco tiene intención de pedir responsabilidades a los socios privados. "Si observamos que existen irregularidades, tomaremos medidas. Si hay posibilidad de abrir un expediente sancionador, se abriría, pero tenemos que armarnos jurídicamente para eso", afirmó. "Si el Gobierno fuera capaz de tener en su mano un instrumento por el que rescatar el servicio de agua, lo haríamos", sostuvo. "Si pudiéramos remunicipalizar lo haríamos, pero para eso hay dos vías, demostrar el incumplimiento flagrante del contrato, y eso nunca se hizo por parte del Gobierno anterior, que no inició ningún expediente en ese sentido, o recomprar las acciones, que tampoco se hizo. Además, en ningún informe se pone esa propuesta". Se escudó en que "no se hace ninguna propuesta concreta en el informe.
Es un relato sobre los hechos ocurridos en los últimos 22 años, sobre los que se puede estar de acuerdo o no". En su opinión, "estos cuatro años de espectáculo nos han generado un problema económico que tenemos que resolver con seriedad y garantizar que esto se convierta en un servicio público, con un control público. Tenemos que actuar con diligencia y seriedad". Sí se pronunció sobre la contratación irregular de Sercanarias, efectuada durante el mandato de Jerónimo Saavedra, que denuncia la intervención y aseguró que no la comparte. "Discrepamos de cómo se ha hecho la subcontratación de Sercanarias, la filial de los socios privados Saur y Sacyr-Valoriza. Intentaremos que esa situación, que está en los tribunales, se revierta. Lo que sí queremos es que se cumpla con la legalidad. No compartimos cómo se hizo", dijo el regidor, que también se mostró de acuerdo en reformular el contrato de saneamiento y depuración.
